Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta, con estadísticas actualizadas, sobre el elevado consumo de tabaco en Bolivia, el segundo país de mayor consumo de cigarrillos de la región (30% de la población), superado solamente por Chile, donde el 41% de la gente fuma.
Nuestro país no cuenta con un programa que apoye a las personas que deseen dejar ese mal hábito; y las políticas públicas de salud tampoco han contribuido a prevenir efectivamente el incremento de nuevos fumadores. Si bien se ha restringido la publicidad explícita incitando a consumir tabaco, y se han reproducido políticas foráneas como la de colocar imágenes que reflejan las consecuencias de este nocivo hábito en las cajetillas de los cigarrillos, tal parece que estas campañas no han tenido el impacto pretendido. ¿Por qué? Pues porque para que una política de prevención sea efectiva se deben abordar muchas más aristas, por ejemplo, hacer cumplir las leyes antitabaco y sancionar severamente a los transgresores. También se debería contribuir seriamente con las personas que han decidido dejar de fumar, y no solamente a quienes deben hacerlo porque ya han desarrollado una enfermedad grave como consecuencia de este hábito, sino también a los que quieren dejar esta adicción y no saben cómo hacerlo.
A tiempo de presentar las alarmantes cifras señaladas anteriormente, la OPS también advirtió que cerca del 35% de los fumadores son adolescentes y que el 2,8% son niños. Datos que revelan la importancia de concientizar a familias enteras sobre lo perjudicial de estos productos.
Ahora bien, los precios de los cigarrillos en nuestro país son ínfimos (¡son los más baratos de la región!). ¿Por qué?, porque no se han establecido impuestos que realmente representen un costo significativo a las tabacaleras, y que les obliguen a incrementar el precio de las cajetillas, aumento que obligaría a algunas personas a abandonar el consumo de este producto.
¿Qué se debe proponer? Primero, un análisis riguroso de nuestros datos, que ojalá no dure cinco años. Después, una buena ley, que tenga una reglamentación que se pueda cumplir y hacer cumplir, y que otorgue los recursos necesarios para implementar centros especializados de ayuda para las personas afectadas por este vicio. Concretamente me refiero a un equipo multidisciplinario que contemple, entre otros, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales e instructores de educación física y de rehabilitación.
Con ello, creo que sería posible reducir nuestras vergonzosas cifras de consumo de tabaco, que no están publicadas solo para mirarlas y analizarlas, sino para que se tomen acciones de inmediato, eficaces y eficientes.
