En junio de 2013, alertados por un turista español, la Sociedad Arqueológica de La Paz advirtió sobre el acondicionamiento —con cemento y hormigón— de un tramo del Takesi, uno de los pocos caminos del imperio incaico que aún se mantiene en buenas condiciones en el país, y que fue declarado Patrimonio Cultural en 1975.
Este acondicionamiento, que trascendió a la prensa la semana anterior, fue hecho por trabajadores mineros para poder transportar una compresora y otros equipos pesados. Y si bien este material fue removido luego de una denuncia presentada por el Alcalde de Yanacachi, este hecho pone en evidencia, una vez más, el poco respeto que manifiestan los mineros por el patrimonio arqueológico del país (cabe recordar por ejemplo que los petroglifos de Inca Pata, en Oruro, yacen sepultados bajo toneladas de roca desplazadas por la ampliación de una vía que conduce a un centro minero). Además, revela la indulgencia de las autoridades a la hora de sancionar este tipo de atentados contra los vestigios de culturas que habitaron nuestro territorio en el pasado, un patrimonio de incalculable valor, y no solo para reafirmar la identidad del pueblo boliviano y la estimación por nuestra cultura, sino también para generar ingresos para el Estado y la sociedad civil a través del turismo.
