Como es previsible en un año electoral, diversas empresas especializadas y medios de comunicación iniciaron la difusión de encuestas de intención de voto. Estos estudios cuantitativos buscan captar las preferencias electorales de la ciudadanía en relación a las candidaturas que se perfilan para los comicios de octubre próximo. Se trata, como suele decirse, de fotografías del momento que admiten variaciones en el tiempo.
En relación a estas encuestas es importante señalar que, en general, se hacen en las ciudades capitales (algunas incluyen ciudades intermedias). No expresan, pues, las preferencias electorales del área rural, que representa un 30% del electorado. También debe mencionarse que estos estudios, con elevados porcentajes de indecisos, no suelen hacer proyecciones de lo que en una elección serían los votos válidos. Por último debe destacarse una novedad normativa. A partir de estos comicios, las entidades que realicen estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión tienen que registrarse acreditando su capacidad técnica.
Además, todos sus estudios deben elaborarse según los criterios técnicos y metodológicos establecidos por el Órgano Electoral en un reglamento que está por hacerse. Y deben cumplir los plazos establecidos para la difusión.
