En días pasados escuchamos con asombro que la Iglesia Católica solicitó al Gobierno boliviano la suspensión de la entrega de la píldora anticonceptiva del día después. El vocero de la institución, monseñor Eugenio Scarpellini, en conferencia de prensa declaró: “Llamamos al Órgano Ejecutivo, en especial al Ministerio de Salud, a eliminar del sistema de salud la píldora del día después, que en ningún caso puede considerarse un anticonceptivo, sino que tiene características abortivas”.
La píldora del día después o anticonceptivo de emergencia es impulsado por el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud, ambas organizaciones de Naciones Unidas. Funciona bajo tres mecanismos de acción. Primero impide que la mujer ovule; segundo, espesa el moco cervical creando una barrera para la fecundación; y tercero, aletarga la velocidad de los espermatozoides en su trayecto de fecundación del óvulo. Por todo esto, se trata de un proceso que evita la concepción, ya que actúa antes de que el espermatozoide ingrese en el óvulo. Entonces, al afirmar que esta píldora tiene características abortivas, la Iglesia miente.
Este método anticonceptivo tiene venta libre en el país, a un precio entre Bs 50 y 60 por dosis. Por ello, evitar que ingrese al sistema de salud pública solo provoca que quede reservado para las mujeres que pueden pagarlo. Al igual que en el aborto clandestino, se trata de un tema de injusticia social, ya que al no ser parte del sistema público, se convierte en un negocio privado y se niega el acceso a los más pobres.
Por otra parte, la intervención de la Iglesia Católica en este tema viola el principio constitucional de un Estado laico, donde ninguna organización religiosa debería influir sobre las políticas nacionales. Ya es hora de que la cúpula de la Iglesia Católica en Bolivia se someta a la Constitución Política del Estado y limite su accionar en los asuntos públicos. Recordemos que recientemente, en su visita a Brasil, fue el propio papa Francisco quien abogó por la conveniencia del Estado laico.
Por ello, resultan inaceptables las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, ya que un principio fundamental del Estado laico es que las autoridades políticas no se adhieran públicamente a ninguna religión determinada y sus creencias personales no definan su accionar como servidor público. Su función, como acertadamente se lo recuerda la diputada Marianela Paco, es cumplir con las normas establecidas sobre derechos sexuales y reproductivos.
Por su parte, la Iglesia Católica debería reflexionar sobre la contradicción que viven millones de mujeres católicas que, profesando su fe, necesitan utilizar anticonceptivos para tener control sobre sus vidas. Muchas de ellas expresan la ilusión de que los cambios impulsados por el papa Francisco incluyan el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, cambiando la imagen de una iglesia profundamente misógina. Esta ilusión es producto de las propias palabras del Papa, quien en Brasil sostuvo: “Si pierde a las mujeres, la Iglesia se expone a la esterilidad”.
En nuestro país vivimos tiempos de profundos cambios; uno de ellos es el avance del Estado en el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres. Ante esto, la Iglesia se revela como la única institución en la sociedad que no apoya estos cambios. Su discurso actual entra en franca contradicción con la revolución interna promovida por el papa Francisco. Bolivia —y sobre todo las bolivianas— merecemos una iglesia más sensible al contexto y respetuosa del cambio social.
