Tras la reciente muerte de Adolfo Suárez González, mucho se ha escrito de su importancia como Presidente del Gobierno en la transición española a la democracia; también se han destacado su pobreza al morir —sin haberse enriquecido como muchos otros actores políticos de entonces y ahora, y por negarse a recibir remuneración alguna por el alto cargo que desempeñó— y su calidad de demócrata y hombre político desapegado del poder.
Pero, sobre todo, se han destacado dos virtudes fundamentales para desmontar exitosamente en poco más de dos años de gobierno la estructura totalitaria y corporativa del franquismo: diálogo y consenso. Sin ellos no hubieran sido posibles, en un país dividido por una cruenta guerra civil y una férrea dictadura, ni los inéditos pactos de la Moncloa de 1977 —libertad de expresión, modificación del código penal y reformas de la seguridad social, económica y fiscal, entre otros— aprobados en menos de 20 días con consenso de la totalidad de los partidos políticos españoles —recién legalizados— ni la fundamental Ley para la Reforma Política —la primera que luego sería aprobada en España en un referéndum, con amplísima mayoría—, que llevó a las primeras elecciones libres en 1977 y, sobre todo, a la Constitución democrática de 1978 para acabar con todo el andamiaje constitucional totalitario. La construcción de ese nuevo Estado democrático, social y de derecho solo fue posible mediante el diálogo y el consenso, como afirmó el mismo Suárez González: “El diálogo es, sin duda, el instrumento válido para todo acuerdo”.
Diálogos que fueron exitosos porque cumplieron requisitos inviolables: primero, sinceridad y transparencia de los dialogantes —en el diálogo “hay una regla de oro que no se puede conculcar: no se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar porque, en esa entrega, se juega la propia existencia de los interlocutores”; segundo, presunción por cada dialogante de que el otro puede tener —parcial o, incluso, total— argumentos válidos e, incluso, mejor que los nuestros; tercero, no convertir el diálogo en un elemento distractor o dilatorio —“para ganar tiempo”— y, último y definitorio: ir con voluntad de lograr acuerdos, saber ceder, no para imponer su opinión o voluntad, como tantas veces sucede en “diálogos de sordos”.
Diálogo y consenso, junto con el ejercicio transparente del poder —“quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro”— y el rechazo frontal de la acusación sin pruebas como argumento de confrontación —“el ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución […] no son un arma legítima porque, precisamente, pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia”— fueron, y son, importantes enseñanzas pendientes para muchos de nuestros países.
