El Presidente del Estado ha promulgado la nueva Ley de Inversiones y con esta acción su gobierno pretende construir una plataforma legal sólida y creíble que sustente un mayor flujo de capitales nacionales y extranjeros en un ambiente de seguridad jurídica, con el propósito de generar empleo sostenible e industrialización del aparato productivo.
El espíritu de la ley se circunscribe en la promoción de inversiones que contribuyan al crecimiento productivo del país, teniendo como principio el reconocimiento del Estado como promotor y protagonista del desarrollo económico y social, con el objetivo de erradicar la pobreza y reducir las asimetrías en la redistribución de la riqueza.
Algo que resulta destacable, previo algún análisis sobre los efectos que pueda tener esta norma, es el tratamiento y socialización que tuvo antes de su promulgación, como un ejemplo de apertura y capacidad de los actores privados y públicos en concertar un marco normativo equilibrado; que por encima de los intereses particulares inherentes a cada actor es posible construir un cauce común en que las partes logren beneficios sin vulnerar marcos constitucionales y éticos.
¡Sí! Cuando existe un marco legal claro es posible generar confianza en el inversionista local y foráneo, en la medida en que las “reglas del juego” sean equilibradas y justas. La experiencia de países como China o Brasil, que amén de sus políticas con un fuerte sesgo de planificación económica centralizada han encontrado fórmulas legales capaces de atraer inversiones que en el mediano y largo plazo, se transformaron en oportunidades de progreso y liderazgo económico hasta constituirse en motores del crecimiento mundial.
El contenido de este cuerpo normativo tiene la particularidad de proteger toda inversión que cumpla con un compromiso social, además de la búsqueda de rentabilidad per se. Este elemento permitirá al inversionista acceder a una serie de incentivos tributarios en reconocimiento a esfuerzo y el riesgo que asume, lo que constituye en un factor motivacional en la asignación de recursos patrimoniales; esto es compatible con toda legislación moderna asociada a la promoción de inversiones. También resulta evidente que existen algunos aspectos que deben ser clarificados mediante reglamentación específica, como el estatus de algunas empresas que suscribieron contratos en el marco de las leyes de privatización y capitalización que fueron abrogadas.
Finalmente, y como aspecto neurálgico a la ley, es más que relevante constituir un mecanismo idóneo, efectivo y transparente de resolución de controversias entre las partes; la propuesta de una instancia de arbitraje imparcial resulta la más eficiente, pero debe asegurarse que actúe con capacidad técnica y, sobre todo, con ecuanimidad, por lo que se requiere de árbitros capaces y éticos.
