En marzo, en la Primera Asamblea Ordinaria de la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (CONAIOC), conformada por representantes de pueblos indígenas que han decidido acceder a la autonomía indígena, vieron como fundamental el fortalecimiento de su economía comunitaria.
La compleja topografía de la organización territorial ancestral y su variabilidad climática han exigido de las poblaciones una organización productiva basada en una máxima diversificación de cultivos, un máximo aprovechamiento de las diferencias altitudinales, microclimas, tipos de suelo y una compleja organización del calendario de trabajo de las familias, para aprovechar al máximo el régimen de lluvias.
Este sistema productivo de alta diversificación ha construido redes de cooperación que se tejen en el ámbito de la comunidad. La “comunidad” se construye a partir de la cooperación en el trabajo interfamiliar, la reciprocidad; y se han dotado de un gobierno que controla el desempeño de las familias en el manejo sostenible de su espacio vital.
Las familias a la vez están relacionadas al mercado, compitiendo por mejores condiciones de acceso. De esta forma, la unidad familiar productiva está en el cruce de dos estructuras político-sociales: por un lado, está la autoridad comunitaria que controla el cumplimiento de las acciones de reciprocidad, y por otro, el mercado sobre el cual se asienta el Estado en sus representaciones locales, como las alcaldías. Pese a que una y otra estructura han convivido históricamente, una se ha desarrollado a expensas de la otra, debilitando la organización del trabajo y las instituciones comunitarias.
El proceso desestructurante del sistema comunitario no comienza en la etapa radical del modelo neoliberal, pero en ésta se intensificó la presión del mercado generando una desigual relación entre precios agrícolas y los de los insumos corrientes que las comunidades rurales adquirían en el mercado. Investigaciones señalan, por ejemplo, que para la compra de una bolsa de fertilizante químico un agricultor en 1988 debía vender 2,3 quintales de papa; para el año 2002, esa bolsa de fertilizante equivalía a 6,3 quintales.
Esta desigual relación exige compensar las pérdidas ampliando las superficies de cultivo, introduciendo fertilizantes e insumos químicos, semillas ajenas al conocimiento ancestral; aumentando el uso depredatorio de los suelos, los montes o el agua. Se debilitan las estrategias productivas basadas en redes de reciprocidad, los conocimientos ancestrales, y muchas familias se ven obligadas a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Se descuida la preservación de la biodiversidad, el cuidado de la Madre Tierra y, por tanto, una manera de “vivir bien”.
En esta asamblea se afirmó que “es necesario saber cómo está ahora nuestra economía comunitaria”. Y ha definido desarrollar un autodiagnóstico y ver las debilidades y sus potencialidades actuales para sobre esta base construir un modelo de estrategia de gestión territorial comunitaria, apta para las diferentes autonomías indígena originario campesinas del país, en las que los conocimientos y tecnología modernos no reemplacen los saberes ancestrales, sino los refuercen, porque en ellas están los elementos sustanciales para la soberanía y seguridad alimentaria, para proteger la Madre Tierra y lograr el vivir bien.
