Ningún ejemplo más elocuente sobre el descalabro de la justicia boliviana que el caso así llamado “terrorismo-separatismo”.
Han pasado cinco años de los hechos del hotel Las Américas y no solamente que el juicio sigue en sus inicios sin establecer responsabilidades, sin sentenciar a los que resultaren culpables y absolver a los inocentes, sino que ha ingresado a una etapa de confusión y descreimiento ciudadano como lo intenta mostrar una encuesta publicada recientemente por el diario cruceño El Deber.
El asunto es extremadamente complejo, tiene innumerables aristas, derivaciones y secuelas de orden esencialmente político, imposible negarlo. Pero, por eso mismo, era una prueba de fuego para el sistema judicial de la cual ha resultado irrefutablemente muy mal parado, más de lo que ya estaba. La prueba a la que fue sometida la justicia boliviana en este caso, fue tan desmesuradamente grande, que terminó arrasando la ya muy escasa credibilidad que le restaba. Quedó al desnudo su debilidad, su podredumbre, su maleabilidad y su sometimiento. Los operadores de la justicia, esencialmente fiscales y jueces, se desenmascararon como ineptos, marrulleros y en muchos casos como corruptos, verdaderos delincuentes de cuello blanco.
Por otra parte, el hecho, de por si escabroso, implicó una acción policial violenta, defectuosa, llevada adelante con un procedimiento y una mentalidad que se suponía el actual Gobierno debió haber desterrado de la institución verdeolivo. ¿Cómo entender entonces un proceso de cambio que no cambia las estructuras policiales diseñadas con otras finalidades y educadas en la sistemática violación de los derechos humanos?
En síntesis, la acción policial y el tratamiento del asunto en el ámbito judicial han dejado enormes agujeros negros, muchas más incertidumbres que certezas.
Y lo peor, han permitido que se levante un manto de oscuridad y dudas sobre la acción irresponsable de una parte de la élite local oligárquica que, en defensa de sus intereses, estaba dispuesta no solo a desencadenar en el país una sangrienta guerra civil, sino también que deliraba con la posibilidad de separarse de Bolivia y crear un nuevo estado a su medida, a su imagen y semejanza. Fueron sorprendidos con las manos en la masa y quedaron desarticulados, los organismos de inteligencia los infiltraron, los manipularon y jugaron con ellos como el gato y el ratón. Todo eso es algo muy cierto. Merecía concluir de manera distinta, sin salir de la nueva institucionalidad democrática que el país necesita construir y consolidar.
Pero el riesgo actual, creado tanto por los enredos de la justicia como por la torpeza policial, es que esa acción, comprobable históricamente, quede en la más completa impunidad. Que todos se conviertan en angelitos a la hora de asumir responsabilidades.
Lo único que me queda claro de este barullo infernal, del que tanto se ha hablado y escrito, es que la Policía y la Justicia debieran ser radicalmente transformadas. La Policía para dar seguridad y protección y la Justicia para impartir justicia, pues.
¿Es mucho pedir?
