Los organismos multilaterales y los principales observadores de la economía mundial coinciden en que el crecimiento global este año será más lento que en años pasados. En particular las economías latinoamericanas, que mostraron un desempeño dinámico hasta hace poco, en la nueva coyuntura registrarán menores tasas de crecimiento. Las razones para la disminución de la dinámica global tienen que ver con factores geopolíticos que afectan a la industria de los hidrocarburos, así como con la reducción del crecimiento de la China.
Con un crecimiento del 6,8% en 2013, Bolivia todavía se compara favorablemente con las economías vecinas, aunque también en nuestro caso es poco probable que en este año se mantenga dicha tasa.
Si tales son las previsiones de contexto, uno hubiera esperado que el Gobierno opte por una actitud de prudencia en las variables que administra, tomando en cuenta además que ya han ocurrido reducciones importantes en los ingresos de divisas del país, sobre todo por concepto de minerales (cuyas cotizaciones apuntan en general hacia la baja). En tales circunstancias correspondía establecer estímulos relevantes para que las cooperativas mineras transformen sus formas productivas y eleven paulatinamente su productividad. Se imponía por consiguiente la adopción de una estrategia orientada a la reconversión de la gran mayoría de las pequeñas actividades mineras, la explotación racional de los yacimientos y la protección del medio ambiente circundante.
Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las cooperativas mineras no parecen inspirados por tal tipo de consideraciones. Por eso, cabe traer a colación el conocido ciclo de las burbujas alentadas por elevados niveles de precios, consistentes en una primera fase de auge, a la que le sigue una fase de autocomplacencia caracterizada por malas decisiones de política, que a poco andar se transforma en una tercera fase de crisis. La última fase consiste, como se puede suponer, de un conjunto de reformas que restablecen los parámetros para la reanimación de las respectivas actividades.
Tampoco se percibe una gestión prudente en el ámbito de la política salarial. Después del doble aguinaldo del año pasado, que puso en aprietos a muchas empresas para cumplirlo, se podría haber supuesto que en este año el Gobierno se mantendría ligeramente por encima de la inflación, habida cuenta de que en los años pasados el salario real ha aumentado significativamente, sobre todo si se considera la serie anual de aumentos al salario mínimo nacional.
También cabía esperar que la política salarial introdujera disposiciones diferenciadas por sectores, en vista de la gran diversidad de circunstancias que prevalecen en los distintos rubros de la economía, en que no todas las unidades económicas pueden trasladar sus costos incrementados a sus precios.
Como es sabido, en su gran mayoría los asalariados en Bolivia se desempeñan en sectores de baja productividad e incluso en actividades limitadas estructuralmente para aumentar el rendimiento material de su trabajo, como es el caso por ejemplo del enorme sector del comercio y de las microempresas manufactureras. En cambio, los sectores con gran potencial para aumentar su productividad (hidrocarburos, telecomunicaciones, por ejemplo) generan proporcionalmente escasos puestos de trabajo. Y, por último, no puede descuidarse que el empleo en el sector público ha crecido significativamente en los años pasados, y que en su gran mayoría se trata de actividades que no generan valor agregado real ni menos excedente.
Una forma prudente de establecer el aumento de este año podría haber consistido por tanto en fijar un incremento general moderado y dejar luego margen suficiente para las negociaciones sectoriales entre empleadores y asalariados del ámbito privado.
Es economista.
