Nuestra democracia le debe su retorno y continuidad al pacto político, pues esta práctica recorre todo el proceso político actual adoptando incluso una dirección transversal, en la medida en que todos los partidos se vieron en la necesidad de asumirla, convirtiéndola en una estrategia de incidencia en el poder o de sobrevivencia política.
Sin embargo, si bien para las élites políticas el pacto llegó a convertirse en un mecanismo funcional a sus pretensiones de retención o de acceso al poder, para la ciudadanía ese mecanismo no siempre resultó positivamente funcional, sobre todo cuando el pacto llegó a convertirse en un factor de convergencia política y de vaciamiento ideológico de los partidos, merced a lo cual sus agentes pasaron a ser valorados negativamente. Pero entre 1982 y 1985, dos frentes políticos claramente diferenciados lograron legitimar el orden democrático, aunque a costa de provocar el fin del Estado asistencialista, cuya debacle arrastró al primer gobierno democrático conformado por una unidad de las izquierdas (UDP). Esta hecatombe sucedió a la par de la reorganización de las fuerzas conservadoras, las cuales, mediante el Pacto por la Democracia, impusieron el modelo neoliberal y definieron la continuidad de la democracia mediante la lógica del pacto, cuya funcionalidad dependió sin embargo de la ocasional oposición y avenencia de los partidos.
Así, las alianzas que se produjeron desde entonces asumieron expresiones aberrantes. El pacto conformado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Acción Democrática Nacionalista (ADN), en 1989, constituyó en ese sentido la quinta esencia del pactismo boliviano; o la “curiosa alianza” entre q’aras e indios, producida en 1993, entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación. Las grandes coaliciones variopintas, cuya última expresión fue la Megacoalición de 2002, dieron cuenta precisamente de la perversión del pactismo que se creyó superado con el escenario político posterior a 2000-2005.
Empero, el propio gobierno de la revolución democrática y cultural llegó al poder en alianza con el Movimiento Sin Miedo (MSM), y en el actual proceso electoral se avizora el resurgimiento de los partidos tradicionales justamente a través de la lógica pactista. Quien se adelantó en esa empresa fue el MNR, que concretó su alianza con Unidad Nacional (UN), para conformar el Frente Amplio. Incluso anunciaron su revivificación: ADN y Nueva Fuerza Republicana (NFR), como Unidad Cívica Solidaridad (USC) que anunció su interés de conformar una alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Pero quienes aparecen develando el real sentido del pacto son el Frente Revolucionario de Izquierda y el Partido Demócrata Cristiano, pues enseñan la personería jurídica como un tesoro incompartible, a menos que los aliados se comprometan a mantener la membresía y sujetarse a un espíritu anti-masista, aleccionados quizá por la experiencia del MAS, que fue una sigla comprada.
El pacto político aparece así como una práctica indestructible, pese a los cambios aparentes. Ello es así, porque el sistema de partidos no atravesó por un real proceso de renovación, pues en el escenario de los mismos protagonistas, el MAS pasó solamente a ocupar el lugar que antes ocupaban los partidos tradicionales, mientras que éstos fueron desplazados al lugar de los partidos chicos siempre existentes y sobrevivientes gracias al umbral de representación. Las reformas electorales que trajeron consigo la segunda vuelta al parecer suponen otro aliciente para la funcionalidad del pacto, dada la fuerza política del MAS, aunque la experiencia dicta también que aquella práctica solo favorece a las élites políticas.
