Desde el comienzo de la crisis, era previsible que se produjera un cambio en la política migratoria europea. Por supuesto, eso no se hizo de golpe, y menos aún de modo concertado. Bruselas no cambió oficialmente sus directivas; y los Estados, en cuanto a la gestión de sus fronteras, siguieron utilizando las herramientas de la directiva adoptada en 2008.
En el Mediterráneo, la política de control de las fronteras podía seguir con éxito, pues tanto los gobiernos autoritarios en el mundo árabe como la cadena de campos de internamiento desde el sur de Marruecos hasta Turquía impedían llegadas masivas de refugiados y de inmigrantes a la búsqueda de trabajo. La primavera árabe en 2011 y la profundización de la crisis en Europa generaron una situación nueva: de un lado, una demanda migratoria más importante desde el sur y el este; de otro lado, un repliegue drástico por parte de los países europeos, con motivo del aumento del desempleo. La primera causa provocó verdaderas tragedias en el Mediterráneo: en Lampedusa y en Ceuta, decenas de muertos y, sobre todo, la incapacidad por parte de las autoridades italianas y españolas de hacer frente, de manera civilizada, a la llegada ilegal de los condenados de la tierra. En unos meses, hemos visto cómo los países que se atreven a dar lecciones de derechos humanos al resto del planeta se han comportado como regímenes policíacos, hasta el punto de disparar, en Ceuta, sobre seres humanos indefensos en el agua. Frente a esta situación, Bruselas se contenta con organizar reuniones con los representantes de los Estados, y reafirmar su voluntad de respeto de los derechos humanos en las fronteras de la Unión. En vez de proponer un plan masivo de ayudas a los Estados desbordados en sus fronteras, en concreto especialmente a España e Italia, Bruselas se limita solo a declaraciones platónicas.
En realidad, y eso es lo importante, asistimos hoy en día a una renacionalización de la política migratoria europea, que se observa no solo respecto a los no comunitarios, sino principalmente en la misma libertad de circulación dentro del espacio comunitario para los ciudadanos europeos, en especial para los de los países del este. Dos evoluciones paralelas llenas de peligros: un endurecimiento sin respuesta positiva frente a los extracomunitarios, una restricción de libertad de circulación para los comunitarios del Este, lo cual supone la violación de la cuarta libertad (la libertad de circulación) del tratado de Maastricht. Desgraciadamente, hasta la fecha no hemos visto en los programas de los pretendientes que concurren al Parlamento Europeo en las próximas elecciones una propuesta satisfactoria en contra de este doble repliegue. Otra vez, Europa está demostrando su falta de proyecto comunitario solidario. Es una lástima.
