El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, procura enjuiciar a la directora de este diario, Claudia Benavente, y al periodista Ricardo Aguilar por el reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’, publicado en el suplemento Animal Político del periódico La Razón el 13 de abril.
Al periodista se lo acusa de “espionaje” y “revelación de secretos”; y a la Directora, por “complicidad”, pues el Procurador considera que la nota publicada afecta a la demanda marítima que presentó Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El juez 11° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Jhonny Machicado (con una celeridad impresionante en la cuestionada y corrupta justicia boliviana) ordenó al periodista Aguilar el “levantamiento del secreto de fuente” y le dio tres días de plazo.
Hasta ahí los “argumentos” de Héctor Arce son inconstitucionales, incoherentes, débiles y hasta desubicados, por decir lo menos.
Resulta que el Procurador procura que los periodistas develemos nuestra fuente. En este caso por el tema marítimo; pero si levantamos el secreto, daría lugar a que nos demanden por cualquier cosa. Es decir, que lo delatemos a usted señor ciudadano. A usted que denuncia que hay corrupción en una institución pública o privada, en una organización social. A usted que con valentía se atreve a desenmascarar a corruptos que se hacen ricos de la noche a la mañana. A esos “personajes” que abusan del poder y cometen tráfico de influencias y se favorecen de contratos millonarios. A usted quiere que lo denunciemos para que después “le sienten la mano”, y eso no puede ser.
Los periodistas guardamos el “secreto de la fuente” amparados en la Ley de Imprenta vigente desde 1925, que en su Art. 8 establece que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”. Ahora el Procurador procura darle un tiro de gracia al corazón de esta norma cuando intenta llevar el caso por la vía penal y desconoce que los delitos o errores de imprenta deben sustanciarse en el Tribunal de Imprenta.
Además, nada se reveló, porque todo eso se conocía hace un año en todos los diarios bolivianos, como bien señala el detractor número uno de La Razón, Raúl Peñaranda Undurraga.
¿Qué procura el Procurador? ¿Castigar a los periodistas, silenciar medios de comunicación? No queremos pensar que está abriendo el paraguas antes de conocerse el fallo de La Haya. Escudarse en este falso argumento por anticipado fracaso culpando a la prensa. El célebre Procurador, el primer asesor jurídico de Evo Morales, solo contribuyó a desgastar más la gestión del Gobierno.
