Estoy entendiendo que no solamente hay un periódico prochileno, hay dos periódicos prochilenos. Los abogados verán qué acciones van a tomar”. Evo Morales pronunció la temible advertencia un día después de haber entregado, ante el máximo tribunal de La Haya, la memoria que contiene la demanda marítima de Bolivia.
El Presidente se equivoca. Los que no “estamos entendiendo” somos sus gobernados. ¿Cómo es eso de que dos de los diarios más influyentes del país, La Razón y Página Siete, son acusados, así de repente, de ser prochilenos nada menos que por el Jefe de Estado? Para lanzar tal afirmación, ¿no tendría que mostrarnos, al menos, una minúscula prueba? Por otro lado, si se tienen evidencias concluyentes de ello, al punto de que es la máxima autoridad de Bolivia quien lo asegura, ¿por qué no se aplica el frío hierro de la legalidad?, o ¿vamos a consentir tranquilos que el enemigo ocupe la zona neurálgica del periodismo escrito nacional?
El artículo 124 de la Constitución Política señala que comete delito de traición a la Patria “el boliviano o la boliviana que (…) se ponga al servicio de Estados extranjeros (…) o entre en complicidad con el enemigo”. Los colegas de ambos diarios pueden estar tranquilos. Dicho delito, penado con 30 años de prisión, solo se persigue en caso de una guerra internacional, y con Chile todavía no hemos llegado a ese extremo sangriento. El Código Penal también nos dice qué hacer con los “prochilenos”, periodistas o no. Según éste, atentar contra “la seguridad externa del Estado” puede ser una actividad desestabilizadora en tiempos de paz. Así, quien actúe para “someter total o parcialmente a la Nación al dominio extranjero” o para “menoscabar su independencia o integridad” ha cruzado la línea de lo tolerable. Si ingresamos a lo específico, el artículo 115 del Código Penal prescribe: “El que revelare secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.
Ya me asusté. Resulta que sí, los abogados del Presidente tienen ante sí algunas “acciones a tomar”. Sin embargo, para acusar tienen que demostrar antes, en el caso de Página Siete, que tener una cuñada chilena, militante de la derecha, es un hecho planificado para “someter a la Nación al dominio extranjero”. Hasta acá, el único boliviano sospechoso de estar bajo tal dominio es Dieter Garafulic, hermano del actual presidente del Directorio del diario de Cota Cota.
A su vez, los abogados presidenciales tendrían que presentar evidencias de que la crónica de Ricardo Aguilar Agramont, en Animal Político de La Razón, ha dejado escapar algún “secreto político o militar”. La he leído tres veces. Nada de lo que está impreso ahí, dos días antes de la presentación de la memoria ante la Corte Internacional de Justicia, es de utilidad alguna para el “enemigo”. La crónica de Aguilar hace un recorrido pormenorizado del nacimiento de una idea, que luego nos serviría de fundamento para demandar a Chile. Esa idea ya fue universalmente divulgada el 24 de abril de 2013. En la foto de los encargados de darla a conocer reconozco la imagen del actual procurador, Héctor Arce. Juro que no estoy entendiendo.
