De nueva cuenta, una turba enardecida hizo justicia con sus propias manos, al golpear y quemar vivo a Lenar Olivera Serrudo, un hombre de 35 años que agonizó durante varias horas antes de morir. Este hecho ocurrió el domingo en San Antonio, norte de La Paz, donde solo hay dos policías, cantidad a todas luces insuficiente para evitar atrocidades de esta naturaleza.
Olivera estaba bajo custodia de los uniformados en esa localidad yungueña luego de haber confesado el asesinato de un vendedor de autos de 32 años, a quien había apuñalado la noche del sábado, y por el robo de una fuerte suma de dinero a su suegro, seguramente para huir luego de su crimen. No obstante, luego de enterarse del asesinato y de la ubicación del responsable, los comunarios de San Antonio reaccionaron antes de que los policías pudiesen trasladarlo a un lugar más seguro.
A las 15.30, según denunció un suboficial a la radio Erbol, los pobladores ya tenían en su poder al asesino confeso. A las 19.00 le prendieron fuego, pero no murió sino hasta la una de la madrugada. Es decir que la Policía tuvo el tiempo suficiente como para reforzarse y organizar un operativo de rescate.
Con este hecho ya son al menos cuatro las personas que han muerto linchadas en el país en lo que va del año. La mayoría de los casos tuvo lugar en comunidades rurales, donde la ausencia del Estado y la animadversión contra el sistema judicial dan lugar a la conformación de respuestas colectivas contra la inseguridad.
En efecto, frente a la impunidad y la violencia bajo la que operan algunos delincuentes en diferentes regiones del país, y ante la indolencia judicial cuando son aprehendidos, cada vez son más los pobladores que deciden adoptar formas alternativas de justicia, siendo el linchamiento la peor de estas expresiones. Y es que las turbas enardecidas no solamente caen en extremos de brutalidad, sino que muchas veces cometen terribles e irreparables injusticias.
Cabe recordar por ejemplo el caso de Israel Jesús Colque, de 25 años, quien fue linchado en septiembre de 2011 en la plaza Abaroa de Viacha, a 300 metros de las oficinas de la Fuerza Especial del Lucha Contra el Crimen (FELCC). Algunos vecinos del lugar le contaron a su tía que mientras Israel recibía la golpiza la turba le exigió confesar su delito (un supuesto intento de robo), pero como solo pudo responder con señas (sufría de una discapacidad que le impedía oír y hablar), interpretaron su reacción como una burla, ensañándose aún más con su víctima hasta matarla.
Ahora bien, para evitar que estas prácticas se extiendan, urge reformular el actual modelo policial de carácter militar represivo por uno de carácter civil preventivo. Solo así se podrá fortalecer entre los ciudadanos la credibilidad en la administración de justicia y se podrá restablecer la legitimidad de las instituciones en su tarea de brindar seguridad y protección.
