Más de dos centenares de reclamos relacionados con el derecho al borrado de datos de los buscadores de internet estaban a la espera de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. La empresa ePrivacidad defiende algunos de esos casos que tienen como trasfondo el derecho al olvido y la protección de la intimidad de los usuarios. Aunque se trate de personas sin relevancia pública, sus datos siguen vivos en la red, y su divulgación general les está causando un daño personal.
La compañía solicitó a Google la cancelación de los datos de un hombre sin relevancia pública que aparecía con su nombre y apellidos, y la entidad en la que trabaja en el contexto de una noticia publicada por un medio de comunicación. Las referencias a esa persona se limitaban a que había comprado un inmueble a otra acusada de un fraude por Hacienda aprovechándose de sus relaciones con empresarios. En realidad, la persona que reclamaba el borrado de datos no tenía nada que ver con los implicados en ese delito, según ePrivacidad. Los hechos se remontan a 1994, pero el agravio para el afectado vino por la réplica que de la información hicieron otros medios de comunicación y que la misma fue rastreada posteriormente por Google.
Pese a que se solicitó el borrado al medio de comunicación, éste se negó amparándose en el derecho a la información. El buscador sostuvo que era un medio intermediario, pero la Agencia Española de Protección de Datos le instó a retirar de sus resultados de búsqueda los datos de la persona afectada y dejar de enlazar a la noticia en los medios. Google interpuso entonces recurso ante la Audiencia Nacional.
Otro caso que ha gestionado ePrivacidad derivó de la publicación de la condena de una persona en un medio de comunicación, condena de varios meses de suspensión de empleo y de cargo público y de varios años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación, delito que cometió siendo alcalde de un municipio de 1.800 habitantes. La publicación se realizó a finales de 2011, pero la condena se dictó cuatro años antes, en 2007, tras unas investigaciones que se remontan a 2004 y 2005. Desde años, el interesado no se dedica a la política, no es personaje público y cumplió la pena que le fue impuesta, pero hoy sigue apareciendo en internet pegado a aquella condena.
También los datos de una familia al completo fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado en 1996. Se le notificaba que el juzgado había decidido embargar su vivienda y subastarla. Con la digitalización del BOE en 2009 se volvió a airear el suceso y Google la amplió a todo el mundo. El afectado solicitó a Google y al BOE que no mostrasen sus datos, pero hicieron caso omiso y presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que le dio la razón. Pero falleció no viendo cumplido su deseo de ganar la batalla al gigante buscador.
