Hace dos meses, a través de esta columna, denuncié las maniobras del suspendido alcalde de Pocoata, Teodoro Rueda Vásquez, quien pretende evadir la Justicia con diversas artimañas políticas y chicanearías jurídicas. Rueda es acusado de la violación y feminicidio de la enfermera Lucía en un caso emblemático de la arbitrariedad de la Justicia y la manipulación política.
Veamos una breve crónica de los hechos: el 6 de diciembre del año pasado, Lucía fue encontrada muerta a la vera del camino que conduce a Llallagua; todos los indicios y pruebas señalaban como autor del hecho a Teodoro Rueda. El 10 de diciembre de 2013, el Alcalde fue detenido preventivamente, por lo que el Concejo Municipal de Pocoata le otorgó una licencia indefinida. El 27 de marzo fue puesto en libertad por el juez de Colquechaca, Emilio Fonseca. El 30 de abril, un cabildo campesino obligó al Concejo a devolver su cargo al alcalde; pero al día siguiente el legislativo edil retrocedió, alegando haber actuado bajo presión.
En sesión del 13 de mayo, los concejales volvieron a restituir al alcalde para, dos días después, anular su decisión. Por tercera vez, el 20 de mayo el alcalde imputado fue repuesto en su cargo, bajo supuesta presión de organizaciones campesinas, pero el 22 de mayo fue nuevamente encarcelado por existir “elementos de convicción” de su culpabilidad. Así, para el momento de publicarse esta columna, no tenemos la certeza si Teodoro Rueda sea alcalde o se encuentre preso en la cárcel de Uncía. Lo paradójico de todo este proceso es que el Concejo de Pocoata es presidido por una mujer, Miriam Díaz, además de contar con dos concejalas electas: Aurora Villalta y Zaida Chaka, quienes seguramente se sienten comprometidas con los derechos de las mujeres.
Ya que este caso reta mi capacidad de comprensión quise conocer más sobre Pocoata. La información es escasa y apenas nos habla de una pequeña población de la provincia Chayanta en el norte de Potosí, con 25.648 habitantes de origen quechua. El único motivo por el cual alguna vez hemos oído hablar de Pocoata es porque allí ha nacido el tinku, que se sigue bailando cada 3 de mayo, en la Fiesta de la Cruz. Nada de esto explica por qué en esta población la vida de una mujer como Lucía vale tan poco para la organización campesina, la comunidad, o para sus autoridades municipales electas.
Como si esto no fuera suficiente, la diputada Emiliana Aiza, representante del MAS en esa región, atribuyó el asesinato al consumo de unas cervezas. En declaraciones a un periodista de la radio Erbol, sostuvo: “A veces pasa pues, usted también es hombre y los hombres son débiles en la situación de la cerveza. Un compañero o una compañera no puede cometer de sano esos errores, por tanto tiene la culpa la cerveza”. Recordemos que no es la primera declaración polémica de la diputada, quien ha mantenido un perfil de confrontación con varios sectores de la sociedad.
En estas semanas que con tanta diligencia estamos preparando la Cumbre Internacional de Mujeres rumbo al G77 y donde se discutirán avances y desafíos de los Estados en la protección y garantía de los derechos de las mujeres me pregunto, ¿qué hacemos con nuestras propias contradicciones internas? ¿Cómo explicamos que un marco jurídico excepcional del que ahora gozamos las mujeres en Bolivia no logre justicia para la violación y asesinato que sufrió Lucía? Y lo que es aún más retador, ¿cómo plantear nuestras utopías sobre la descolonización y la despatriarcalización sin que Pocoata se nos atraviese en la garganta?
