Moisés Naim nos brinda una brillante aportación cuando afirma que una fuente importante de la desigualdad económica se debe a que en países donde viven la gran parte de los pobres del mundo, Rusia, Nigeria, Brasil y China entre ellos, “hay demasiados ladrones en el Gobierno y el sector privado que pueden robar con gran impunidad.” Bien haríamos en extender esta gran verdad a varios países de altos ingresos.
Sin duda, ofende comprobar que hay millones de pobres cuyas necesidades de educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda, agua potable y luz eléctrica se sacrifican en el altar de la venalidad. He aquí una nueva tarea para el señor Piketty: en países donde la corrupción causa mayor desigualdad económica y pobreza, ¿qué precio paga la sociedad por la extracción ilegal de ingresos que bien podrían aplicarse a fortalecer las capacidades productivas de los pobres?
El cálculo debe ser enorme y es entonces legítimo denunciarlos por tolerarla. Pero hay un precio que el señor Piketty nunca podrá estimar: aquel que paga una sociedad por permitir la mercantilización de servicios que son pilares de la confianza pública. Son los servicios que ofrecen, por ejemplo, políticos y funcionarios públicos honestos que anteponen el bien colectivo al provecho propio. Son servicios que deben armonizar, en un todo indisoluble, la economía y sus condicionamientos morales. Y es precisamente en países de altos ingresos donde su mercantilización indebida avanza a paso vivo, donde la intangibilidad del comportamiento correcto cede ante la promesa para hoy o mañana del beneficio individual. A la cabeza de ellos Estados Unidos, el vaticano del libre mercado.
Deje que el libre mercado defina las normas de los servicios que apuntalan la vida cívica y verá cómo pierden su valor incalculable. Sucede, y de manera burda, en los países que todavía no han construido una institucionalidad competente y a prueba de todo tipo de soborno, pero en Estados Unidos se expresa en la tolerancia hacia la corrupción legalizada. El punto de partida, por supuesto, es la facultad legal que tienen las corporaciones para gastar a su antojo en el financiamiento de campañas políticas y los privilegios y favores que a cambio se extraen. Nada mejor ilustra esta realidad que el nombramiento durante el primer gobierno del presidente Obama del mismo equipo económico que sancionó la desregulación insana del sistema financiero con sus consecuencias que hoy todos conocemos. Abundan los ejemplos de las licencias libertinas y perversas que se suscitaron, pero todo lo podemos resumir en la captura del marco regulador, vale decir, en la “compra” de políticos y funcionarios públicos por parte de las entidades financieras. He aquí la raíz del desmadre colosal que hasta hizo posible el dispendio de bonificaciones descomunales a ejecutivos responsables cuando las instituciones vivían del oxígeno de los contribuyentes. Hoy son estos mismos responsables los que se oponen a las reformas que se necesitan para evitar otro colapso. Y que no sorprenda por qué lo pueden hacer: muchos, tal vez la mayoría de ellos, se encuentran entre las 85 personas más ricas del mundo que, según la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), controlan igual riqueza que la mitad más pobre del mundo.
A esta situación se le llama gobierno de oligarquías o plutocracias, punto. En nada lo diferencia de lo que existe en Rusia, Nigeria, Brasil o China. Y la corrupción que engendran es una sola, legalizada o no. Es una sola porque el libre mercado uniformiza normas y comportamientos de lo que está bien como de lo que no lo está, porque avanza ajeno a condicionamientos morales acercando a ricos y pobres con códigos que se descifran en un tris.
Mire, cuando JP Morgan intenta fichar a un pariente de un alto funcionario del Gobierno chino es más importante buscar la manera legal de hacerlo que reflexionar sobre sus implicancias éticas, y lo único que hay que acordar es el precio. Ahí lo ve, la corrupción legalizada de Wall Street hermanada con la aparentemente más repudiable por darse en un país como China. La corrupción impacta a millones en el mundo y no importa su fuente o modalidad: es una sola.
A la corrupción se le combate, claro está, con reglas claras y con la disposición para hacerlas valer. Pero esto no es suficiente, porque donde la corrupción legalizada campea, la efectividad de las reformas tiene su límite. De nuevo, basta ver lo que actualmente sucede con el comportamiento perverso de la industria financiera en el mundo entero. Qué ironía, de ahí precisamente se originan los dineros que dan vuelta al mundo sin importar la desigualdad y pobreza que siembran ni las conciencias que compran.
Cuán necesario es entonces recordar que la ética importa, que hay mucho más en la vida que los cálculos de costo-beneficio que la teoría económica estrechamente propone. Vamos, no se desanime, los tiempos que vivimos son pasajeros: en la historia de la humanidad el sometimiento de la sociedad entera por los valores o falta de valores del libre mercado es un asunto que no tiene más de 200 años, nada más.
Pero el cambio nunca viene solo. Hay que actuar y proponer. Le doy una idea: busque detener el retroceso de las humanidades en la enseñanza escolar y universitaria. En la ciencia económica esto significa rescatar a los clásicos (Adam Smith, Marx, John Stuart Mill) que nunca separaron a la economía de la ética. Demande que se les enseñe a fondo. Y no se preocupe de la oposición que pueda encontrar: a los capitanes de la industria financiera se les puede ofrecer un jugoso escudo tributario a cambio del financiamiento de las cátedras de humanidades. Claro, es el lenguaje que mejor entienden, pero con el correr del tiempo sus descendientes y todos los beneficiados podrán tomar conciencia de que no se requiere de un incentivo para hacer el bien.
