Cuando los prestadores de servicios médicos empiezan a tratar de burlar la ley con el único fin de garantizar su negocio, hay que preocuparse, y mucho. Es el caso de una clínica de especialidades oftalmológicas en La Paz que ha sido denunciada por negligencia médica, y a la que meses atrás el Servicio Departamental de Salud (Sedes) le exigió mejorar sus ambientes.
Días atrás, al constatarse que las mejoras exigidas no habían sido implementadas, la instancia reguladora clausuró temporalmente el lugar. La respuesta de los propietarios fue cubrir maliciosamente los carteles de clausura y seguir atendiendo como si nada hubiese pasado; y como si esto fuera poco, el abogado de los propietarios ha amenazado con iniciar un juicio a las autoridades de salud y al personal que ejecutó la clausura.
Mientras tanto, varias personas que han sido víctimas de negligencia médica en ese centro siguen esperando justicia. Hay, pues, un peligro extremo para la salud pública cuando los médicos se comportan como comerciantes y buscan resolver problemas propios de su práctica profesional a través de abogados en estrados judiciales. Nadie se opone a la práctica privada de los servicios de salud, pero sí cabe exigir que precisamente por ser privada, y tener un costo no siempre accesible, el trabajo sea hecho en las mejores condiciones posibles.
