En enero un hombre recibió 30 años de sentencia por asesinar a su novia asfixiándola con una bufanda. Hace unos días, el exalcalde de Sucre Fidel Herrera fue sentenciado a 20 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija desde que ella tenía 12 años. Ambos casos son el resultado de años de lucha que las mujeres han realizado de manera persistente hasta que la sociedad tomó conciencia de lo dañino que es tolerar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.
En 2002 en La Paz, un hombre fue condenado a ocho años de prisión por agresiones gravísimas contra su esposa, a quien le produjo severas heridas. Cuatro largos meses luchó por su vida en el Hospital de Clínicas; mientras tanto, sus hijos vivieron en un hogar para niños abandonados. En un principio ni la Policía ni los médicos que la atendieron en el hospital tuvieron conciencia de que debían denunciar el hecho como intento de feminicidio, porque entonces todavía no existía el concepto, aunque estaba en vigencia la Ley 1674 que obligaba a funcionarios policiales y de salud a poner sobre aviso cuando una mujer llegaba con muestras de violencia física o sexual para ser socorrida o atendida en cualquiera de esos servicios. Y aunque la lucha contra la violencia hacia las mujeres debía multiplicar esfuerzos para ser considerado un tema de salud y justicia públicos, la sentencia por agresiones gravísimas sentó precedente para que la violencia contra las mujeres no quede en la impunidad.
De la misma manera, la sentencia contra el hombre que mató a su novia y el caso del exalcalde de Sucre que agredió sexualmente a su hija sentarán precedente para que la sociedad identifique el feminicidio y cualquier otro tipo de violencia contra la mujer como delitos condenables, como conductas impropias no admitidas por la sociedad, reprochables desde cualquier punto de vista.
El primer cuatrimestre de este año se ha registrado 31 casos de feminicidio, según ha denunciado el Centro de Investigación de la Mujer (Cidem). Diez en La Paz; ocho en Cochabamba; cinco en Santa Cruz; cuatro en Oruro; tres en Potosí y uno en Sucre. Si vemos los números de manera fría, podríamos concluir que la violencia contra las mujeres es una batalla perdida, porque en lugar de disminuir aumentan año tras año. Felizmente es una conclusión errada, porque no toma en cuenta que ahora la violencia contra las mujeres es visible, que ha pasado a ser un tema de política pública que se denuncia y sanciona, que ha dejado de ser una costumbre para ser considerada un delito que se castiga.
