El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005, es un hito importante en la historia de la política ambiental. Con este acuerdo, por primera vez la comunidad internacional se dotó de un tratado con carácter vinculante para buscar soluciones a los problemas que se derivan del cambio climático. Fenómeno de carácter global que afecta al conjunto del planeta y, por tanto, debe gestionarse en el marco de la cooperación multilateral.
El objetivo del Protocolo de Kioto es el de reducir en 5,2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales respecto a 1990. Es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos.
El tratamiento internacional del calentamiento global y la necesidad de gestionar sus efectos de manera conjunta ha llevado a la utilización de nuevos procedimientos. Uno de los instrumentos más valiosos contemplados en el Protocolo de Kioto es el denominado Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Su finalidad es flexibilizar las opciones para el cumplimiento de los objetivos de reducción, limitación del crecimiento o estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero que los países industrializados han adquirido al ratificar dicho protocolo.
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia está comprometido con el nuevo paradigma del Vivir Bien, entendido como el nuevo patrón de desarrollo para el país, planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, formulado en 2006 con el fin de dirigir las intervenciones del gobierno del presidente Evo Morales Ayma.
El Vivir Bien está orientado a crear una relación armónica entre los individuos, su comunidad y la naturaleza. Lo cual supone lograr la satisfacción de bienes materiales, espirituales y del desarrollo armónico e integral de una comunidad de personas de igual a igual con la naturaleza. También presupone un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos los seres vivos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social.
El Estado de Bolivia ratificó el protocolo de Kioto mediante la Ley 1988 de julio de 1999, durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez, con el fin de que empresas privadas y públicas puedan sugerir proyectos de mecanismos de desarrollo limpio.
En la cumbre del quincuagésimo aniversario del G77 + China los países en desarrollo no tocaron el tema del Protocolo de Kioto ni la posición del grupo respecto a la situación actual y futura de este tratado. Cabe aclarar que en la Declaración de Santa Cruz no se menciona la mitigación de los efectos del cambio climático en la economía de países en vías de desarrollo ni la venta de bonos de carbono; pese a que el gobierno del presidente Evo Morales ha mencionado en reiteradas oportunidades la deuda climática que tienen los países industrializados con los países en desarrollo, es decir, una deuda histórica.
A estas alturas del proceso de cambio no podemos hablar ni manifestar un rencor histórico climático hacia los países desarrollados, ya que nosotros también tenemos un grado de responsabilidad por consumir históricamente sus productos. Hubiese sido deseable que en la cumbre del G77 + China se proponga la mejora del Protocolo de Kioto o nuevos tratados, ya que hasta ahora sigue siendo el único medio vinculante que obliga a los países industrializados a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, a tiempo de transferir recursos y conocimiento a los países en vías de desarrollo para combatir la contaminación.
