La próxima revolución es prácticamente una de las pocas que quedan por hacer en este proceso de cambio. Me refiero a la revolución de la justicia, que tiene directa relación con el vivir bien… Bien libres de asaltantes, bien provistos de jueces que trabajan con honestidad y bien atendidos, todos por igual, sin privilegios a la hora de llegar a los estrados.
Bajo la bandera del proceso de cambio, el campo político se nutrió de una numerosa y saludable cantidad de dirigentes de origen campesino-indígena. Antes solo pisaban el Palacio de Gobierno empresarios encorbatados. Hoy, gracias a un proceso de inclusión irreversible, podemos apreciar todos los estilos de sombreros regionales en la plaza Murillo y sus alrededores. También bajo la bandera del proceso de cambio se nacionalizaron los hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, a tiempo de ensanchar el rol del Estado en la economía. En tercer lugar, la bandera del proceso de cambio cobijó también todas aquellas medidas de redistribución que eran tan necesarias en un país lleno de riquezas y de gente pobre al mismo tiempo.
Sin embargo la revolución de la justicia aún tarda en llegar. Y no, definitivamente, no era cuestión de cambiar a los actores (antes elegidos por componenda parlamentaria, hoy elegidos por voto popular).
Visto está que el modo de acceso al aparato estatal para las autoridades judiciales no era ni de lejos el principal cuello de botella para la transformación de la justicia boliviana. El experimento de las elecciones judiciales salió tan mal, que el propio Presidente lo reconoció hace poco. Ahora se escuchan voces de reforma (a la anterior reforma), buscando aunque sea un referéndum revocatorio de los magistrados elegidos por voto popular. En rigor de la verdad, debemos decir (como en la obra de Lope de Vega) que todos somos culpables; pero hay culpables con poder de decisión y hay culpables sin poder de decisión.
Primero, los culpables sin poder de decisión al menos debemos hacernos cargo de nuestro poco interés por la marcha del poder judicial y de nuestra poca curiosidad para informarnos. A su vez, los culpables con poder de decisión deben asumir al menos la responsabilidad de no cumplir con el deber básico de conocer su oficio y no leer lo suficiente acerca de cómo otros países (de los casi 200 que forman parte de las Naciones Unidas) han lidiado con la reforma de su poder judicial. ¿Realmente necesitábamos un invento tan rimbombante para que nada cambie en nuestro sistema judicial? Otra pregunta: ¿realmente no hay ningún país que haya hecho en reforma judicial algo que merezca, al menos, una miradita pequeña de reconocimiento?
Estamos hoy en el medio de un conflicto con los policías de bajo rango. Típico de periodo preelectoral, es cierto. Pero también sintomático del funcionamiento de un componente del sistema de justicia (la Policía) que siempre se trata al margen del sistema. Aunque digan lo contrario, no solo es cuestión de ofrecer a los policías un sueldo que sea el doble o el triple del actual. La revolución del sistema judicial debe apuntar a toda una nueva institucionalidad que acabe con las prácticas más perversas del sistema y de sus operadores: jueces fiscales, policías… abogados. Esto insume recursos, por supuesto, pero también requiere de decisión política para renovar drásticamente los esquemas actuales; y de paso, instalar contrapesos efectivos y automáticos que limiten los poderes discrecionales.
En los pocos meses que faltan para la elección, éste bien puede ser un tema de debate entre la sociedad y los partidos políticos. En infraestructura vamos bien, en economía no nos quejamos, en inclusión social… faltan más mujeres (es justo reconocerlo); y en el sistema de justicia, o es una revolución o es más de lo mismo.
