El novel mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, acaba de promulgar un decreto en el que prohíbe inscribir su nombre en las placas conmemorativas de las obras públicas. Además, ha ordenado quitar su retrato de las oficinas de los funcionarios estatales. Solís justificó esta inusual determinación con un argumento que no admite réplicas: “Las obras son del país, no de un gobierno o funcionario en particular. El culto a la imagen del presidente se acabó, por lo menos en mi gobierno”.
Si bien por estos lados esta decisión puede parecer extraordinaria, no es la primera vez que un mandatario costarricense adopta una medida de esta naturaleza. En efecto, entre 1978 y 1982, Rodrigo Carrazo también decidió prohibir que se consignara su nombre en las placas que se colocan al inaugurarse las obras de infraestructura.
Ahora bien, además de evitar la tentación de utilizar el aparato estatal en actos proselitistas, como bien ha señalado el Ministro de la Presidencia de Costa Rica, este tipo de determinaciones conllevan la virtud de promover una cultura impositiva, en tanto contribuyen a que los ciudadanos recuerden que quien hace posible las obras públicas no es el gobierno, sino principalmente los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
