Mientras trabajaba sobre una investigación acerca de la educación en Bolivia para la Fundación Konrad-Adenauer, encontré que en los últimos 100 años mucho ha cambiado, pero poco ha mejorado. La cobertura escolar abarca a casi toda la población en edad escolar y ese es el mayor logro. Pero la universidad, que supervisaba todo el sistema, ha sido confinada en su autonomía y apenas tiene contacto con el resto, que ha pasado a control directo del Ministerio de Educación. Aunque las municipalidades han readquirido responsabilidades de dotar infraestructura, y los sueldos se pagan por medio de las gobernaciones, el sistema es fuertemente centralizado.
La convicción de que la educación es cada vez más importante y de que no responde a los crecientes desafíos del desarrollo ha alentado la realización de varios intentos de reforma. La sensación de urgencia impuso planes radicales y concentración de la autoridad para implementarlos. Sin embargo, todos han fracasado, dejando como herencia el centralismo. Desde el sistema político se concentró el poder para implementar las reformas, y desde el magisterio también, para defender los derechos del gremio.
Este es, posiblemente, el mayor problema que hoy enfrenta nuestra educación. Las posibilidades de innovación pedagógica, diversificación de modelos de enseñanza, multiplicación y competencia de propuestas son restringidas por normas, regulaciones y requisitos que, tratando de evitar desigualdades, están uniformando todo. Esto es lo opuesto de lo que se necesita para convertir a la educación en una fuerza de desarrollo.
Tal vez sea hora de pensar en una antirreforma de la educación que abra las compuertas de la innovación, alentando a los establecimientos, a los maestros y a los padres de familia a buscar los modelos y contenidos que consideren más adecuados para que sus hijos se incorporen al mundo. El Estado se limitaría a definir los estándares básicos que se deben cumplir, y a financiar evaluaciones independientes sobre la calidad de la enseñanza a partir de los resultados, dándoles la mayor difusión posible.
De ese modo tendríamos escuelas técnicas, humanísticas o artísticas, con énfasis teóricos o con énfasis prácticos, de diez o de 12 años de escolaridad, en idiomas nativos o internacionales, y todos sometidos a la evaluación de sus docentes y de sus alumnos, cuyos resultados serían diseminados y estarían disponibles para cualquiera. Los que alcancen calificaciones más altas y conciten la mayor demanda de los padres podrían acceder a asignaciones presupuestarias adicionales. Los mejores serían premiados y emulados, y el sistema, abierto a la experimentación, reduciría los costos del error.
Un sistema de este tipo debería también mejorar la remuneración de los docentes y promover mayor competencia entre ellos, de manera que se sientan estimulados a una actualización continua de sus conocimientos. Y el modelo de formación “normal”, apropiado a principios del siglo XX, cedería paso a la incorporación de cualquier profesional o practicante que las escuelas consideren adecuados a sus propósitos específicos. Ellos serían también evaluados por sus resultados.
Los resultados son, al final, lo que verdaderamente importa en la educación. La creación de modelos universales que tengan validez para todos, por mucho que haya estado a cargo de técnicos brillantes, no ha funcionado en los últimos 100 años y no lo hará en los siguientes. El desarrollo requiere de diversas capacidades y muchas de ellas no las podemos prever y menos con 12 años de anticipación. ¿Qué tal si apostamos a una antirreforma que abra las puertas de la libertad en el sistema educativo?
