En Santa Cruz de la Sierra personas drogodependientes se han instalado en al menos cinco sectores periféricos de la ciudad, conocidos como favelas. De acuerdo con la Policía, cada una de estas favelas está compuesta en promedio por un centenar de miembros, entre adictos, proveedores e indigentes. Previsiblemente esta lamentable realidad se repite, en menor medida, en el resto de las ciudades capitales del país. Se trata sin duda de una problemática que debería ser tratada como una política de Estado, y no solamente porque la producción y consumo de drogas siguen aumentando por doquier, engordando a las mafias y la criminalidad asociada al narcotráfico, sino también porque estos lugares constituyen un semillero de violencia e inseguridad.
Habida cuenta de la baja efectividad de las terapias de rehabilitación (de acuerdo con datos de la Gobernación cruceña, solamente el 6% de las personas en situación de calle que son llevadas a refugios logran ser rehabilitadas, el resto abandona el tratamiento y regresa a las calles), sería deseable reforzar los esfuerzos orientados a prevenir el consumo de drogas con campañas educativas, pero también los programas que buscan reducir la violencia en las familias y en las escuelas, con el propósito último de evitar que los niños abandonen sus hogares.
