El 31 de julio, la Argentina entró en default (cesación de pagos) por segunda vez en 13 años, al no lograr un acuerdo con los denominados “fondos buitre” tenedores de bonos públicos emitidos por ese país y que no participaron de los procesos de su reestructuración llevados a cabo en 2005 y 2010, luego de que en 2001, por la crisis económica que atravesaba, no pudieron ser pagados. Los procesos de reestructuración implicaron el canje de los bonos impagos por nuevos bonos en algunos casos de menor valor o a mayores plazos o en moneda local, al que se acogieron el 93% de los tenedores. Entre los acuerdos alcanzados con los tenedores está la condición de que si Argentina negocia con otros tenedores mejores condiciones que las acordadas en la reestructuración, el resto de los acreedores pueden reclamar esas mismas condiciones.
Los “fondos buitre” que poseen el 7% de los bonos que no se acogieron al canje reclaman el pago total de estos por $us 1.300 millones más intereses, y si la Argentina accediera a pagarles, por la condición mencionada anteriormente tendría que tratar de igual manera a los tenedores que se acogieron al canje, lo que le implicaría desembolsar más de $us 15.000 millones. Por otra parte, a pedido de los “fondos buitre”, en 2012, un tribunal estadounidense prohibió a Argentina pagar en Estados Unidos a los tenedores que se acogieron al canje si no pagaba también el dinero que les debía a los “fondos buitre”. En junio, la Argentina depositó en un banco estadounidense más $us 500 millones para pagar a varios acreedores, entre ellos los tenedores que se acogieron al canje, pero los pagos no pudieron ejecutarse por la prohibición de la corte estadounidense.
La cesación de pagos de Argentina podría tener varias consecuencias, una de ellas podría ser que sus acreedores soliciten una aceleración de pagos, con el fin de que el Gobierno argentino pague de inmediato los intereses y capital de las obligaciones incumplidas e incluso de las vigentes, posibilidad que debería preocupar al país, tomando en cuenta que Argentina es el segundo comprador de nuestro gas.
