Luego de conocer las listas de candidatos que los diferentes partidos han presentado para competir en las próximas elecciones nacionales, es claro que un actor político importante, sobre todo en Santa Cruz, lo constituyen los empresarios agroindustriales que cada día ganan presencia y fuerza en el campo político. En este espacio no quiero discutir su indudable aporte a las cuentas nacionales a través de la exportación de productos; propongo más bien analizar el aporte de la agroindustria cruceña en uno de los temas centrales de preocupación en Bolivia: la seguridad alimentaria.
Según un reciente estudio publicado por la Fundación Tierra, en los últimos 20 años los cultivos agroindustriales multiplicaron por cinco el número de hectáreas que utilizan. A mediados de la década de 1980, cerca del 91% de la superficie cultivada en Bolivia estaba destinada a la producción de alimentos básicos y solo 9% a cultivos industriales. Hoy en día 48% corresponden a cultivos industriales y 52% a alimentos básicos producidos principalmente por pequeños productores campesinos e indígenas.
A pesar de esto, la importación de alimentos en Bolivia se triplicó en valor entre 2006 y 2013, pasando de $us 217,9 millones a $us 655,3 millones, según informa el Instituto Nacional de Estadística. A su vez, el Ministro de Economía señaló este año que el Gobierno destinará entre 400 y 500 millones de dólares a la importación de alimentos. Esto deja en claro que en Bolivia hay seguridad pero no soberanía alimentaria.
En los últimos años, del total de importaciones de alimentos, aproximadamente el 40% está concentrado en no más de una decena de productos. Los más importantes son trigo, harina de trigo, arroz, maíz y azúcar. Bolivia compró del exterior entre enero y abril de este año 61% más en términos de cantidad, y 27% más en términos de valor en comparación al mismo periodo de la gestión 2013, según señala un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Todo esto sin contar con el contrabando, que, según datos de la Aduana Nacional, provee al mercado interno de café, chocolate, fiambres, aceites comestibles, productos lácteos, papa, pescado, verduras y diversas frutas de Brasil, Argentina, Chile y Perú.
Una potente voz del sector de los medianos productores lo constituye la presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Salomé Tupa. Ella denuncia que frente al bajo rendimiento de los sembradíos arroceros, los pocos incentivos de la política estatal y a los recursos económicos que destina el Gobierno para importar alimentos, “ya no es rentable” ser productor, y por ello los arroceros prefieren sembrar otros productos o simplemente vender sus tierras para pagar sus deudas. Esta voz se multiplica por miles cuando se conversa con los pequeños productores agrícolas que prefieren cada vez más alquilar sus tierras a la agroindustria y migrar a las ciudades para incorporarse al rentable sector de la construcción.
Todo esto nos lleva a preguntarnos si efectivamente el pacto político del Gobierno con los sectores agroindustriales cruceños tiene en el corazón la idea de que ellos nos proveerán de más y mejores alimentos a bajos precios. El desempeño del sector en los últimos años, centrado en la exportación, parece decir lo contrario. Creo que los tiempos electorales son un excelente momento para hacer una evaluación de los resultados de nuestra política de desarrollo rural y redireccionar nuestras apuestas hacia la seguridad/soberanía alimentaria.
