Una plaga que la sociedad actual no ha podido resolver es la del trabajo forzoso y sus derivados, la explotación sexual comercial, ni más ni menos que versiones modernas de la esclavitud. Son necesarias medidas exhaustivas y con sentido de urgencia para hacer frente a esta tragedia, que también está presente en América Latina. Para avanzar en esta dirección, la OIT aprobó hace pocas semanas un protocolo y una recomendación, dos instrumentos que refuerzan la normativa internacional sobre el combate al trabajo forzoso y que al mismo tiempo son un llamado a los países a actuar con más decisión contra un problema de grandes dimensiones.
Se estima que en el mundo hay 21 millones de seres humanos sometidos a esta forma de opresión, generando ganancias por unos $us 150.000 millones anuales, de los que la mayor parte ($us 99.000 millones) provienen de la explotación sexual comercial.
En América Latina y el Caribe unas 1,8 millones de personas generan ganancias por $us 12.000 millones a quienes los explotan. Casi el 90% ($us 10.400 millones) deviene de la explotación sexual. Las mayores ganancias provienen de la explotación sexual por su alta demanda, los altos precios que se pagan, la poca inversión de capital y los bajos costos operativos. El negocio lo controlan mafias que se quedan con enormes dividendos.
El trabajo forzoso de tipo doméstico genera $us 500 millones en América Latina y el Caribe, y la explotación laboral en otros sectores, $us 1.000 millones, principalmente en agricultura, construcción, manufacturas, minería y servicios. La “relación de trabajo” suele basarse en coacción, servidumbre por deudas y trata de personas. Estas cifras provienen del informe “Ganancias y pobreza: aspectos económicos del Trabajo Forzoso” presentado en mayo en Ginebra. Los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen el reto de redoblar esfuerzos para erradicar esta mácula de la civilización, violación flagrante de los derechos humanos y laborales, convertida en un próspero negocio. Las medidas deben ser respaldadas por procesos de diálogo social que involucren a gobiernos, empleadores y trabajadores.
Detrás de las cifras se esconde un infierno en la vida de millones de personas sin futuro, que sobreviven en pobreza y degradación. Los beneficios obtenidos por los traficantes contrastan con las enormes pérdidas no solo materiales, sino también morales y de integridad física y mental de las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Las víctimas son las más vulnerables de la sociedad, los trabajadores más pobres con menores cualificaciones y sin oportunidades de educación. Las familias que sufren pérdidas imprevistas de ingresos y profundizan su situación de pobreza suelen estar expuestas a esta fatalidad.
El informe indica que el 55% de las víctimas de trabajo forzoso en el mundo son mujeres y niñas, y 44%, los que migraron dentro o fuera de sus países. Es fundamental tener mejores datos sobre la real extensión y la ubicación en cada país, ya que no se cuenta con informaciones nacionales confiables y actualizadas que permitan identificar los factores de riesgo y diseñar estrategias adecuadas.
La OIT exhorta a los Estados a adoptar medidas concretas e inmediatas para abordar con medidas de disuasión las prácticas de trabajo forzoso y trata de seres humanos, incluyendo el fortalecimiento de la legislación, las políticas y las instituciones encargadas de la inspección laboral.
También es clave combatir la impunidad y aplicar medidas para abordar las razones económicas que promueven esta práctica. Se requieren medidas de prevención para los más vulnerables, incluyendo esquemas de protección social frente a la pérdida de ingresos familiares, acceso a la educación y la formación profesional, medidas para favorecer la inclusión social, promoción de la igualdad de género y mejorías en la gobernanza de la migración, entre otras. Debemos recordar que el trabajo forzoso no puede existir en una sociedad moderna.
