Ayer, desde tempranas horas, centenares de padres de familia protagonizaron un bloqueo que obstaculizó las principales vías de acceso entre la zona Sur y el centro de la sede de gobierno, exigiendo a la Alcaldía paceña la conclusión del colegio Julio César Patiño.
Si bien los bloqueadores consiguieron su cometido (el Subalcalde del Macrodistrito Sur se comprometió a iniciar las obras para concluir el establecimiento desde la próxima semana), nuevamente los más perjudicados fueron los sectores más vulnerables, como los cientos de niños que se quedaron en sus escuelas sin poder almorzar, o gente enferma que necesitaba acudir con urgencia a algún centro médico. Como ellos, muchas otras personas, pese a no tener ninguna relación con el conflicto, se vieron afectadas por esta arbitraria medida de presión, que solo pone en evidencia la naturaleza irresponsable, arbitraria y desconsiderada de quienes la practican, sin medir las consecuencias ni daños que provocan.
Lo deseable sería que los ciudadanos utilicen los canales establecido por ley para manifestar y encontrar soluciones a sus demandas. Sin embargo, para ello hace falta que las autoridades reaccionen con la misma premura y esmero como lo hacen cuando son presionados por las marchas y bloqueos.
