La cúpula de la Iglesia Católica en Bolivia, a través de su vocero italiano Eugenio Scarpellini, ha denunciado el “uso de publicidad estatal para la campaña política, dejando en desventaja a las otras candidaturas, con la intención de prolongarse en el poder”. Lo dicho por el vocero de la Iglesia parece copiado de algún partido opositor, ratificando la parcializada conducta del clero con la oposición política al actual Gobierno. Que la Iglesia opine como cualquier otro organismo de la sociedad civil es legítimo, pero que emita verdades a medias con evidente afán de influir electoralmente afecta su credibilidad como institución.
Esta misma cúpula eclesiástica se pronunció contra la realización de la cumbre del G-77, afirmando que se debería priorizar la ayuda a los afectados por las inundaciones en Beni; pero no se pronunció contra el derroche del Carnaval, espectáculo grotesco en el que, mientras unos luchaban por la vida, otros hacían gala de recursos y ostentación pecaminosa frente a la desgracia ajena. Esta cúpula, muda ante los pederastas y pedófilos que abusando de la sotana han afectado a cientos de niños y niñas, sigue sin exigir castigos ejemplares contra esos inmorales. Esta cúpula no se pronunció contra el racismo, ni exigió castigo a los culpables de las dictaduras, ni cuestionó la privatización de recursos tan elementales para la vida como el agua. Una cúpula que no ha dicho nada del genocidio en Palestina, ni se pronuncia contra la utilización de la mujer como objeto en los medios de comunicación, no sabemos con qué moral puede hablar de temas tan controversiales como la supuesta mala utilización de publicidad estatal. Pero si la Iglesia va a fungir como fiscal electoral, debería también cuestionar el uso de publicidad estatal que hacen algunas gobernaciones y alcaldías opositoras para promocionar a sus candidatos a gobernadores o alcaldes, o censurar la contratación de “barras bravas” que generan violencia en las campañas.
Los cristianos quedamos confundidos porque, por una parte, el papa Francisco elogia las políticas sociales de la actual gestión gubernamental y convoca a la Iglesia a volcarse a la opción de los pobres; mientras los voceros de la Iglesia local entran en campaña abierta a favor de las candidaturas conservadoras contrarias al Gobierno.
El rol que asume la Iglesia como actor político antes que espiritual demuestra que las fuerzas conservadoras de la sociedad, a falta de partidos serios que los represente, se encubren en algunos medios de comunicación, en comités cívicos o tras las sotanas. En todo caso, la tarea de los obispos está incompleta, les falta señalar con claridad si hay que votar por Tuto o por Doria Medina.
