La llamada “guerra sucia” que supuestamente empaña al actual periodo electoral requiere de una serie de precisiones, porque en términos electorales se presenta como un vil equívoco. En primer lugar, el término guerra sucia corresponde al periodo de la Guerra Fría y consistía en una de las prácticas represivas del Estado dictatorial y autoritario en contra de los movimientos cuestionadores de su establecimiento. Es por ello que todos los países de América Latina atravesaron por episodios de guerra sucia, aunque frente a la macabra violencia de Estado, los estudiosos distinguieron la “guerra de baja intensidad”.
En segundo lugar, las confrontaciones verbales entre candidatos son propias de cualquier sistema político fundado en la lucha por el voto de la gente. Por ello, en el ámbito de los estudios electorales ese tipo de confrontaciones ha recibido un nombre y generado un campo de análisis propio dedicado al estudio de las campañas negativas. Se llaman así porque una campaña supone una estrategia, y su carácter negativo estriba no en sobrevalorar los atributos positivos del candidato, sino en atacar al adversario para debilitarlo y restarle votos.
En tercer lugar, de acuerdo con sus analistas, las campañas negativas constituyen un aditamento esencial para la competencia electoral, ya que ellas no solamente consisten en una “guerra de insultos”, para recordar a Raúl Rivadeneira, sino que ese tipo de campañas suelen revelar información delicada que por responsabilidad electoral un candidato debe verse obligado a aclarar. Por eso, frente a las campañas positivas que tienden a ser sosas y a hacer intrascendente una contienda, las campañas negativas avivan la confrontación.
Sin embargo, en nuestro país los casos de corrupción denunciados por Unidad Demócrata en contra de Álvaro García; la exigencia de Samuel Doria Medina para que el Presidente “explique al pueblo boliviano por qué rifó la esperanza del pueblo”; la arremetida de Juan Ramón Quintana en contra de Jorge Quiroga, denunciando su relación umbilical con el Gobierno de Estados Unidos por promover el retorno de la DEA; la afirmación de Doria Medina de que en cuanto a la participación privada en YPFB “los inversionistas privados deben poder llevarse el 50% y el otro 50% dejarlo en el país”; la denuncia de ese mismo candidato acerca de la intención de Evo Morales de terminar con la subvención de los carburantes por ser un “cáncer en la economía nacional”; o la sistemática acusación de la oposición en contra del Gobierno por utilizar bienes del Estado a favor de su campaña, denuncia a la cual se sumó la Iglesia Católica advirtiendo que por ello la competencia política es desigual (verdad de Perogrullo), fueron asumidos no como asuntos debatibles o de urgente aclaración, sino “como ataques orquestados, como parte de una “guerra sucia” por parte de los adversarios.
En este sentido, el término guerra sucia ha estado siendo usado como una excusa, pues a través de él todo candidato que se ha considerado víctima de tal afrenta ha evadido su responsabilidad electoral. Es más, el término ha llegado a convertirse en un fácil recurso para escapar a la aclaración de asuntos personales mucho más punzantes y comprometedores, como las declaraciones machistas de Ciro Zabala o la violencia de género ejercida por Jaime Navarro y Doria Medina, cuyos develamientos fueron considerados incluso como “canalladas” y no como incentivos para la comprobación de su probidad como candidatos.
El término guerra sucia es, por tanto, una vil evasiva, deficitaria de la información con la cual, a falta de debates, puede contar el votante, ya que todo develamiento ha quedado reducido a una simple acusación que abarata aún más la calidad de la información.
