Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala la importancia de la infraestructura para la competitividad y el crecimiento. El estudio indica que “así lo demuestran la investigación teórica reciente y la evidencia para América Latina, donde se comprueba una relación positiva entre crecimiento e inversión en infraestructura”.
Respecto a la pregunta más frecuente en las políticas públicas de la región, que también se hacen varios analistas en el país, sobre cuánta inversión en infraestructura se necesita, el BID estima que se debería invertir alrededor del 5% del PIB por un largo período de tiempo para cerrar la brecha de infraestructura.
En el caso de Bolivia, una de las características del nuevo modelo económico es precisamente la mayor importancia de la inversión pública, la cual en 2013 representó el 12,4% del PIB, mientras que en 2005 solo representó el 6,6%, cerca de la mitad de lo que se invirtió el año pasado. Del total de esta inversión, un 40% se destinó a infraestructura, y tal como reclama el BID, en 2013 alcanzó a significar justamente un 5% del PIB, mientras que en 2005 solo llegaba a un 3,4%.
Este gran esfuerzo de la inversión en infraestructura no tiene un retorno inmediato y visible en el crecimiento y bienestar, puesto que sus efectos son de mediano y largo plazo, aunque se ha encontrado que tiene efectos positivos. Existe un consenso en cuanto a sus beneficios: actúa como eje básico de integración del territorio nacional, permite la inserción en el comercio internacional, minimiza el costo y tiempo de transporte, y promueve la circulación de bienes y servicios, información y conocimiento. Además, una mayor inversión en infraestructura debería atraer más inversión privada y hacer más rentable la existente, como muestra el trabajo pionero en 1989 de David Auschauer: ¿Por qué es importante la infraestructura?, donde demostró para Estados Unidos que mejora la calidad de vida y que puede haber sido un ingrediente clave para el robusto crecimiento en la edad de oro de 1950 a 1960.
En nuestro país existe la preocupación válida sobre el destino y el uso transparente de los recursos públicos, especialmente los relacionados con la inversión; sin embargo, es menester tomar en cuenta algunos aspectos. El país ha mantenido y reforzado la estructura institucional, como es el caso del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el famoso VIPFE. Ha mejorado la coordinación con los organismos internacionales en cuanto al destino de los recursos externos y, especialmente, con los gobiernos departamentales y municipales, que son responsables del 50% de la inversión pública.
En tercer lugar, y es realmente un desafío, es muy importante la elaboración y evaluación de los proyectos con base en recursos propios, ya que del total invertido en 2013, el 82% provino de recursos internos, mientras que en 2005 solo un 37%. No obstante, antes cuando exigían que los recursos fiscales se inviertan en lugar de utilizarlos en gasto corriente, ahora tampoco se está de acuerdo con esta alta participación de los recursos internos, ya que se argumenta que en el modelo anterior los organismos internacionales eran estrictos en las condicionalidades y que aunque el trámite tardaba dos años su evaluación habría sido mejor. No creo que se esté sugiriendo que los organismos internacionales administren los recursos internos de inversión, pero a las instituciones oficiales les corresponde contrastar dicha argumentación.
