Durante los últimos días varias regiones del país fueron escenario de conflictos protagonizados por los propietarios de vehículos indocumentados, que fueron internados al territorio nacional de manera irregular, vulnerando la normativa referida a la importación de motorizados. ¿Cuál es su demanda? Lograr una segunda amnistía para la legalización de sus autos chutos.
Con el paso de los días, las protestas se transformaron en marchas y luego en violentos bloqueos de las principales vías interdepartamentales de comunicación terrestre. Estas medidas se sucedieron acompañadas de enfrentamientos, con amagues de pugilato entre bloqueados y bloqueadores, además de detenciones a los principales dirigentes de este nuevo “gremio”, que reivindica el derecho de poseer un vehículo ilegal.
Ante estos hechos, las declaraciones de diversas autoridades nacionales han sido enfáticas en señalar que no existirá un segundo, tercer, cuarto o enésimo proceso de legalización de autos que ingresaron por la vía ilícita del contrabando, puesto que la ley en vigencia impide una nueva opción de legalización de estos motorizados que aún circulan de manera impune por las rutas, calles y caminos del territorio nacional.
A todo esto se debe añadir que, a pesar de las restricciones de abastecimiento de carburantes a estos vehículos, principalmente a través del sistema de autoidentificación B-Sisa (diseñado para controlar la venta de combustibles en las estaciones de servicio para que ningún automóvil indocumentado pueda llenar su tanque), los propietarios encuentran formas truculentas de obtener el preciado carburante, principalmente en las áreas rurales.
Más allá del relato de estos lamentables sucesos y la descripción de la trepidante realidad, resulta más que relevante identificar y eliminar la red o redes de quienes son “importadores” mayoristas de estos autos. Al respecto, resulta preocupante constatar que las fronteras del país aún se encuentran desprotegidas y a merced de estos grupos de delincuentes, que continúan amparados en la noche y seguramente bajo el manto protector de algunos individuos influyentes.
La voz de la ciudadanía es clara y casi al unísono clama porque se impida una nueva “nacionalización” de estos vehículos, porque además de constituirse en delito, muchos de estos motorizados son empleados en actos ilícitos que socavan la seguridad ciudadana y ponen en vilo la vida y tranquilidad de la comunidad.
Queda entonces por sentado que el Gobierno nacional, en sus diferentes instancias, debe mantenerse intransigente ante el pedido de este pseudogremio; y quienes alienten con al menos una señal de flexibilidad ante sus demandas deben ser considerados cómplices de un delito que daña la economía, la seguridad y fundamentalmente la imagen del país.
