Recientemente La Razón informó cómo en la población yungueña de La Asunta la reventa de gasolina a vehículos indocumentados ha llegado a ser un modo de vida para un grupo de pobladores de ese municipio. Y al respecto, las autoridades locales indican no poder hacer mucho en contra de este ilícito, debido al temor de represalias por parte de los involucrados.
En Uncía (Potosí), pese a las prohibiciones e intervenciones policiales, aún funciona un mercado donde se comercializan autos chutos. Además, como se señaló el sábado en este mismo espacio, se ha creado una suerte de gremio conformado por propietarios de motorizados ilegales que están aprovechando la coyuntura electoral, con la esperanza de que el Gobierno (medidas de presión de por medio) apruebe una nueva amnistía para la nacionalización de sus vehículos. En el Chapare, donde las sendas y caminos vecinales son rutas fáciles para el escape, evasión y encubrimiento de los vehículos indocumentados, las autoridades policiales viven bajo amenaza de los chuteros, lo cual impide una intervención seria.
En resumidas cuentas, los autos chutos constituyen un grave problema para el país. Saturan con vehículos de segunda mano las ya abarrotadas calles de nuestras ciudades, haciendo aún más caótico —si cabe— el problema del transporte urbano. Incrementan la demanda de gasolina que nuestro país no tiene posibilidad de abastecer; por tanto, se debe importar gasolina y diésel que luego son puestos a disposición de la población a precios subvencionados, generando problemas de gasto presupuestario.
Por si todo ello fuera poco, las redes de tráfico de vehículos indocumentados se han convertido en un riesgo para la seguridad, al extremo de enfrentarse con las fuerzas de seguridad, causando varias bajas; y pueblos enteros en nuestra amplia frontera con Chile están asumiendo el comercio de autos chutos como parte complementaria de su economía.
Las prohibiciones establecidas por nuestras autoridades tienen un sentido, sin duda alguna. Sin embargo, el entramado de regulaciones, que combina la prohibición de la internación y circulación de autos chutos con la prohibición de vender gasolina subvencionada a estos vehículos, está generando circuitos económicos paralelos y (sin quererlo) actividades que generan empleo y dinero fácil para muchos de nuestros compatriotas.
Ahora bien, previsiblemente, el problema no podrá ser resuelto hasta que, en un esfuerzo conjunto entre las fuerzas del orden y nuestras autoridades sectoriales de hidrocarburos y la Aduna Nacional, demuestren que existe voluntad estatal para imponer la ley. De momento, como se puede colegir de las declaraciones enunciadas por el Alcalde de La Asunta, la iniciativa está del lado de contrabandistas y traficantes de gasolina subvencionada.
