Hoy, como todos los años, gran parte del mundo recuerda el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, y las movilizaciones callejeras y el debate público alcanzan su punto máximo de visibilidad. En La Paz está prevista una marcha para mañana, y las instituciones y activistas por los derechos de las mujeres ocupan el espacio público explicando su posición.
En efecto, el aborto es un asunto con múltiples aristas, muchas de ellas difíciles de abordar, y sin embargo es necesario insistir en la más básica: pertenece al ámbito de los derechos humanos de las mujeres. Cada vez que una mujer pone en riesgo su vida dejando en manos de un médico la interrupción voluntaria del embarazo, la sociedad y el Estado son también responsables del resultado.
El problema está en que, por una parte, el debate está centrado en los aspectos religiosos y, por la otra, se omite analizar la problemática a la luz de muchos factores de contexto, tales como el ya mencionado de derechos humanos o los de salud pública.
Sobre las posturas religiosas que se oponen no solo al aborto no punible, sino siquiera a debatir al respecto, hay que recordar que en realidad no tiene nada de caritativo defender la vida del ser que aún está en el vientre materno cuando no se hace nada por garantizar una vida digna a esa mujer a la que se pretende obligar a ser madre en contra de su voluntad.
Cuando se habla de derechos humanos de las mujeres, se hace referencia igualmente a la dignidad inherente a éstas, pero también al derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida. Y es también una vulneración de sus derechos siquiera suponer que el aborto puede ser empleado como un método más de control de natalidad, cuando en los hechos es una tragedia en la vida de cualquier mujer y por ello debe ser comprendido como una solución de emergencia.
Finalmente, despenalizar el aborto tiene que ver con la salud pública, pues además de evitarse las criminales circunstancias de cualquier intervención furtiva, es posible llevar un control de quienes practican este tipo de intervenciones y exigirles estándares de calidad mínimos, los mismos que están disponibles solo para quienes tienen dinero suficiente para costearse la atención privada de salud. Mientras haya mujeres muriendo por malas prácticas de salud, el Estado merece ser cuestionado por no hacer lo suficiente, no a través del Ministerio Público o del sistema judicial, sino a través de las instituciones llamadas a cuidar la salud y la vida de las personas.
Hay mucho que debatir y, sobre todo, hacer en torno al aborto no punible, comenzando por reconocer que allí donde se despenalizó, su práctica no solo no se incrementó, sino que además también disminuyeron los costos derivados de la morbilidad asociada con la práctica clandestina. Es tiempo, pues, de tomar el tema en serio.
