En lo que va del año, al menos 136 predios fueron avasallados tan solo en el Macrodistrito Sur de la sede de gobierno, y la mayoría (siete de cada diez) pertenecen al municipio paceño, según advierten la Policía y el gobierno local. Detrás de estos hechos se encuentran bandas criminales que utilizan diversos métodos para apropiarse de terrenos ajenos.
Estos grupos, generalmente clanes familiares, alegan ser comunarios, nietos o bisnietos de los legítimos dueños, y contratan a varias personas (entre 10 y 40) para que, armados con palos y piedras, se apropien violentamente de los terrenos. Una vez en su poder, para consumar el despojo o poder comercializarlos a terceros, comienzan a edificar viviendas y utilizan chicanerías legales como inscribirlos en otras municipalidades que se prestan a estos ilícitos.
Pese a que el Código Penal ya sancionaba este tipo de delitos con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel (Art. 151), el 30 de diciembre de 2013 se promulgó una nueva norma (la Ley contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras) que endurece las penas de tres a ocho años de presidio. Como es de suponer, tal endurecimiento no contribuyó a reducir el número de avasallamientos, tanto de predios urbanos como rurales.
Por ejemplo, el año pasado, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente, la producción agrícola de Santa Cruz se redujo en 8,7% respecto a la gestión anterior. Esto debido en parte a la prolongada sequía, pero también por el gran número de haciendas que han sido usurpadas sin que se castigue a los culpables o se restituya las tierras a sus legítimos dueños.
Y es que antes que penas más duras, hace falta que la Justicia sancione efectivamente a quienes cometen delitos de esta naturaleza, y que las fuerzas del orden se aseguren de que estos hechos no queden impunes. No es poco lo que está en juego. Además del esfuerzo de mucha gente que trabaja durante años para poder adquirir una vivienda o consolidar un negocio agrícola propio, los avasallamientos, tanto de predios privados como municipales, bien pueden leerse como un atentado en contra del desarrollo de todos los bolivianos, pues afecta la imagen del país y aumenta su riesgo.
En efecto, cabe recordar que uno de los factores que define la inversión privada, fundamental para el crecimiento de cualquier economía, es el riesgo país. Cuando este indicador es elevado, los inversionistas también exigen grandes ganancias, de manera que solamente proyectos muy rentables, como la minería o los hidrocarburos, son implementados. No sucede lo mismo con el resto de los emprendimientos, que precisamente son los que más empleo generan. De allí que Bolivia no puede darse el lujo de permitir avasallamientos de ninguna naturaleza.
