Las sociedades de hoy funcionan con base en energía, elemento imprescindible para el crecimiento de toda economía. Y es que además de impulsar vehículos e iluminar hogares, la energía es el único insumo presente en la cadena productiva de la mayoría de los bienes y servicios, desde la elaboración de alimentos, pasando por prendas de vestir, hasta complejos aparatos electrónicos.
Por este motivo, los Estados hacen grandes esfuerzos para que llegue a todos los hogares y abastezca a las industrias. Por ejemplo, desde hace años el Gobierno ha gastado mucho dinero para subvencionar los carburantes en el país, que benefician a los vehículos a diésel y gasolina, pero también con la provisión del gas domiciliario de petróleo (GLP). Según datos oficiales, el TGN erogó para tal efecto $us 1.060 millones solamente en 2013. Además de esta elevada subvención, cabe recordar que los carburantes contribuyen grandemente a la contaminación atmosférica, pues generan dióxido de carbono, el principal responsable de la polución y del cambio climático.
Por otro lado, días atrás, el Presidente del Estado anunció que el Ejecutivo piensa invertir cerca de $us 2.000 millones para desarrollar energía nuclear en el país, justamente por la importancia de este insumo, mencionada líneas atrás. No obstante, si bien este tipo de energía no contribuye al calentamiento global, su naturaleza radiactiva es muy peligrosa. Por caso huelga recordar el accidente de Chernóbil en 1986, con repercusiones terribles para el medio ambiente y la salud de millones de personas en Ucrania, que incluso hoy siguen afectando a la región. De igual manera, el terremoto que asoló a Japón en 2011 puso en evidencia que ni los mejores esfuerzos de protección pueden garantizar la seguridad a la hora de gestionar las plantas nucleares.
Frente a estas fuentes de energía, contaminantes y riesgosas, se yerguen las denominadas “energías limpias”, como las que producen los paneles solares o los parques eólicos. Si bien su desarrollo en el país aún está en ciernes, bien vale la pena invertir en ellas, pues además de evitar riesgos innecesarios y reducir la polución, no necesitan ser subvencionadas y son renovables, condiciones esenciales para garantizar la soberanía energética.
Uruguay es un buen ejemplo de que una revolución en tal sentido es posible. Actualmente el 84% de su electricidad viene de recursos propios como el viento, el sol, la lluvia o la quema de desechos de los cultivos agrícolas; y según estimaciones del Gobierno charrúa, las energías verdes alcanzarán pronto el 40% de la matriz energética local, cuando el promedio mundial no supera el 17%. Para lograr este cambio, Uruguay hizo de las energías limpias una política de Estado en 2010, y en los últimos tres años ha invertido cerca de $us 2.500 millones en parques eólicos. Un enfoque sin duda visionario y saludable que se debería emular por estos lados.
