Días atrás, el Ejecutivo promulgó una normativa que establece la creación de dos fondos de garantía para promocionar el acceso a créditos financieros. El primero deberá cubrir hasta el 20% de la cuota inicial de los créditos de vivienda de interés social; el segundo está orientado a los créditos del sector productivo, con coberturas de hasta el 50% de los préstamos.
Para financiar estos fondos, la norma establece que las entidades bancarias deben aportar el 6% de las utilidades netas que obtengan durante la gestión fiscal. Sin duda esta medida va a promover una mayor inclusión financiera y un incremento de la cartera crediticia, al permitir que las familias y productores que aun con la capacidad de pagar una cuota no tienen el ahorro suficiente para la compra de un inmueble o de un activo productivo puedan acceder a un crédito hipotecario.
A grosso modo, esta determinación tiene el potencial de movilizar $us 60 millones en cartera crediticia para estas dos categorías de préstamos, sin que los solicitantes realicen un aporte propio, como es requisito hoy en la banca. En este sentido, el 6% de merma en las utilidades de los bancos se podría compensar parcialmente con un mayor volumen de negocios, y no resultaría tan perjudicial para la banca, como afirman los directos afectados.
No obstante, más allá de las cifras que se puedan expresar a favor o en contra de la medida, resulta relevante analizar la eficiencia e impacto que puede significar la constitución de un fondo de garantía que otorgue una cobertura equivalente al total del aporte propio exigido a todo prestatario, además de los posibles incentivos positivos o perversos que podrían generar.
La evidencia empírica y el bagaje teórico sobre este asunto evidencia que los fondos, cuando son explícitos y cubren el total de la garantía sin que exista un aporte mínimo del cliente (aunque sea nominal) se constituyen en fuente de malos créditos, prestatarios que no quieren pagar y sinónimo de pérdidas. La receta para que un mecanismo de esta naturaleza sea eficiente es que el beneficiario ni siquiera se dé por enterado de que accedió a la cobertura.
En este sentido, a la luz de la teoría y de la experiencia, un fondo de garantía de colateralización puede generar incentivos perversos de no pago y reducción del ahorro, porque el riesgo de la operación crediticia lo asume el fondo. El resultado final: una cartera de clientes morosos, un fondo presionado a pagar por los malos créditos otorgados, contracción del ahorro y posible descapitalización de las entidades bancarias.
En resumidas cuentas, si bien la medida tiene una clara intencionalidad de facilitar el acceso crediticio a un mayor porcentaje de la población, existe la posibilidad de atraer clientes “no muy buenos”. Por tanto, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
