El viernes pasado, Asencia Melgar abandonó el Ministerio de Trabajo absolutamente desconsolada frente a la imposibilidad de que sus derechos laborales sean respetados. Luego de tres citaciones consecutivas que sus empleadores ignoraron, el único camino que le queda es iniciar un interminable juicio laboral, para el cual no tiene los recursos económicos ni la asistencia técnica sufriente.
Asencia ha llegado a La Paz desde Rurrenabaque en busca de justicia, ya que no logró nada en las oficinas del Ministerio de Trabajo en Trinidad. Asencia es una persona con capacidades diferentes, y con un único brazo se las arregla para sacar adelante a sus dos hijos pequeños. Hasta el año pasado realizaba trabajos de limpieza en las oficinas de la Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) y fue despedida sin razón justificada. Ahora, solo reclama el pago de su finiquito para poder emprender un pequeño negocio y seguir con su vida.
El exempleador de Asencia, la (ANED), es una organización especializada en servicios financieros que actualmente tiene una cobertura de 129 municipios a través de 39 agencias. Según reporta el boletín de microfinanzas de Finrural, ANED maneja una cartera de Bs 46 millones, y dispone de gastos administrativos por Bs 13 millones. Con esos recursos por supuesto que cuenta con un abogado chicanero que le recomienda evadir el pago de beneficios sociales y someterse a un juicio laboral donde, por la dilación de la Justicia boliviana, el trabajador termina desistiendo de exigir sus derechos. Y esa parece ser su política, ya que actualmente cuenta con dos juicios laborales adicionales al de Asencia Melgar.
Pero, ¿por qué la ANED puede evadir las leyes sociales con tanta facilidad? Claramente, porque el Ministerio de Trabajo ha perdido su función y nuestro sistema judicial muestra absoluta incapacidad de impartir justicia. En un país como Bolivia, donde su sistema legal laboral se muestra absolutamente proteccionista y cada momento los gremios empresariales reclaman por los altos costos sociales de la fuerza de trabajo, resulta que, en los hechos, los trabajadores están librados a su suerte en un mercado laboral de capitalismo salvaje.
Y lo que más extraña es que esta institucionalidad ha pedido fuerza bajo el liderazgo del ministro Daniel Santalla, un reconocido líder sindical que seguramente en sus funciones de secretario General de la Central Obrera Boliviana conoció muy bien todas las chicanerías que los empleadores utilizan para evadir la ley. Y es que actualmente los inspectores de trabajo se limitan a ser observadores neutros de un proceso de conciliación. Olvidamos que el Ministerio de Trabajo y su sistema de inspectorías, al igual que los sindicatos, no son instancias neutras y se crean en reconocimiento de que el empleador, por su disponibilidad económica, tiene mayor poder que el trabajador y puede imponer sus intereses. Si el Ministerio de Trabajo no tiene clara esta función social y se limita a ser una oficina de empleo, pierde su esencia y se hace funcional al libre mercado.
Por lo tanto, en un contexto donde estamos discutiendo la reforma a la Ley General del Trabajo, ésta será absolutamente inútil si no es acompañada de una profunda reforma de la institucionalidad destinada a hacerla cumplir. Ya aprendimos con la Ley Integral Contra Violencia hacia las Mujeres que, sin dicha institucionalidad, las leyes más maravillosas sirven para muy poco. Penosamente, en estos últimos días, Asencia Melgar lo ha podido constatar.
