La actuación del TSE a lo largo del proceso electoral ha sido ciertamente deficiente. Los contratiempos que se presentaron a la hora de registrar a los nuevos electores, y que obligaron a los responsables del Órgano Electoral a ampliar en dos ocasiones el cronograma de inscripción, se repitieron a lo largo del año y se confirmaron con creces en la recta final.
Por caso, el Tribunal Supremo Electoral se comprometió a entregar los resultados oficiales al 70% del escrutinio hasta las 00.00 del lunes. Sin embargo, 24 horas después de concluida la votación en su página web figuraban datos de solamente el 2,8% del escrutinio. Supuestas amenazas de piratas informáticos y problemas de logística fueron las excusas esgrimidas para justificar este retraso.
Un error de dedo en la papeleta electoral que rebautizó al país con el nombre de Estado “Plurinominal” de Bolivia fue el cherry en la torta. Los juristas y los propios vocales salieron pronto a la palestra para explicar que este error no invalidaba el valor de la boleta, y por ende, tampoco el de las elecciones. No obstante, esta equivocación puso en entredicho la poca capacidad del TSE a la hora de cuidar los detalles, que es donde precisamente se esconde el diablo.
La desorganizada difusión de las listas de los jurados electorales, con un alcance muy limitado en varias ciudades del país, tanto de manera impresa como digital, fue otra de las perlas del Órgano Electoral. Y lo propio a la hora de limitar la propaganda, utilizando para tal efecto lapsos y criterios ambiguos y poco coherentes. Verbigracia, se prohibió la difusión de los rostros y voces de los candidatos hasta un mes antes de las elecciones; mientras que las encuestas de intención de voto pudieron ser difundidas recién a partir de julio. Determinaciones que olvidaron la importancia de la información para comprender la evolución de una sociedad.
El accionar del TSE fue también contradictorio al permitir la difusión de propaganda electoral para los postulantes oficialistas en actos de entrega en septiembre, pese a que previamente, en julio, se había pronunciado en contra de tal práctica. Este comportamiento errático dio paso a que la imagen y capacidad del Órgano Electoral sean cuestionadas a partir de eventos de menor importancia, como el registro en el Padrón Electoral de ciudadanos que habían fallecido o la prohibición de introducir celulares a los recintos electorales (restricción imposible de controlar).
Estos hechos inducen a suponer que la capacidad de gestión del TSE fue ampliamente rebasada durante el proceso electoral, desbalance que aparentemente intentó ser superado con la multiplicación de normas de control. No son pocos los ajustes que se deben realizar en el TSE con miras a las elecciones de 2015; justas que no serán menos complejas para una sociedad cada vez más exigente con la calidad de sus instituciones.
