Como si fuera parte de una trama de ciencia ficción protagonizada por Lisbeth Salander, hacker por excelencia (personaje creado por Stieg Larsson en la Trilogía Milenium), las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias en Bolivia estuvieron aderezadas por un elemento nuevo en los anales de la democracia boliviana: la guerra cibernética. En mayo la frase “Carajo, no me puedo morir”, provocada por un candidato presidencial, produjo un efecto viral en las redes sociales, erigiéndose en un presagio inequívoco de que estas contiendas electorales iban a ser libradas también en internet. Los ejemplos en el último trecho de la contienda confirmaron esta tendencia.
En efecto, las denuncias de diferentes medios impresos con respecto a que sus páginas web o sus espacios de Twitter habían sido hackeados a horas o durante el curso del veredicto electoral ocasionaron zozobra, y se constituyeron en un indicador de que el espacio cibernético representa hoy otro ámbito, no previsto anteriormente, para la disputa política. El anuncio de la presunta renuncia del candidato Jorge Quiroga en el portal de un periódico cruceño o la supuesta muerte del entonces candidato-presidente Evo Morales en la cuenta de Twitter de la televisión estatal son señales de la presencia de los hackers en el proceso electoral boliviano. Ahora bien, emergen unas interrogantes insoslayables: ¿estos hackeos son producto de unos fanáticos piratas informáticos? O, por el contrario, ¿son parte de una campaña de conspiración digitada por oscuros intereses políticos e inclusive imperiales?
Por otra parte, el “silencio electoral” establecido por la normativa vigente se rompió para dar paso libre a que las redes sociales se convirtieran en un escenario no solo de interpelación al electorado, sino fundamentalmente de desacreditación a los rivales políticos incluso con tintes groseramente racistas, propagando igualmente falsas noticias con el objetivo de poner en vilo a los electores.
Lo más grave fue la denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que atribuyó a supuestas amenazas de piratas informáticos el retraso en el recuento oficial de los comicios generales, develando su precariedad tecnológica y, por lo tanto, su propia ineficiencia, ya que si esta noticia hubiese tenido asidero estaríamos asistiendo a una cuestión delicada. En efecto, este tema sirvió como pretexto por parte de los partidos de oposición para urdir la idea de un supuesto fraude electoral, que fue secundada por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) o la obispocracia (José Luis Exeni dixit). Como se sabe, es típico de los prelados inmiscuirse en cuestiones de la política terrenal, como si fuera un partido de la oposición, para poner en duda muchas veces la voluntad del pueblo expresada en las urnas. En otras palabras, los obispos bolivianos, como si fueran los portavoces divinos y asumiendo para sí mismos su rol “angelical” de defender la democracia boliviana, se sumaron al clarinero de voces opositoras para que en conjunto hicieran coro y así cuestionar la propia legitimidad de los resultados electorales.
En todo caso, no es casual que este discurso del supuesto fraude, como ocurrió recientemente en Venezuela, sea una estrategia recurrente de la derecha latinoamericana para deslegitimar la victoria repetida de aquellos partidos denominados de “izquierda”. En suma, estamos asistiendo a una nueva forma de librar batallas en el ámbito de lo político, que exige tener las precauciones normativas y técnicas acordes a estos tiempos cibernéticos (léase también de hackers).
