El 12 de octubre, Juana Quispe Ari, a sus 41 años, logra constituirse en la candidata más votada de la elección, al obtener el 95% de la preferencia electoral de la Circunscripción 24. Así, en los municipios de Villa Tunari, Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré y Shinahota del trópico de Cochabamba, 78.302 votantes expresaron su apoyo a una mujer candidata.
Sin embargo, la historia de Juana y su alta votación no se limitan al trópico cochabambino. En Chuquisaca, Felipa Málaga y Alicia Villarpando obtuvieron 83% y 81%, respectivamente; en La Paz, Modesta Supo ganó con 73%; en Oruro, Delia Canaviri fue electa por el 76% y Elisa Catavi, en Potosí, con el 82%. Así, en todo el país, las personas votaron por mujeres en una elección que será recordada por la composición femenina de las listas. Con esto se rompe la hipótesis de que los electores, respondiendo a una cultura machista, prefieren votar por hombres a la hora de elegir autoridades públicas.
Y el desafío es grande cuando analizamos el acelerado proceso de la incorporación de mujeres al mundo político. Tan solo en 1982, al recuperar la democracia, contábamos con tres representantes que constituían el 2% del Congreso Nacional. Hoy, según revelan los datos del Tribunal Supremo Electoral, esa presencia de mujeres se ha transformado en 81 representantes, constituyendo un 48,7% de la Asamblea Legislativa, llegando casi a la paridad perfecta. Este dato nos coloca entre los cinco países en el mundo con mayor representación política de las mujeres en el Parlamento. Si nos comparamos con la región, el porcentaje nos ubica muy cerca de Cuba (con 48,9%) y por encima de Ecuador (41,6%), Costa Rica (38,6%) y México (37,4%).
No obstante el éxito electoral de Juana Quispe Ari, inevitablemente nos recuerda a otra Juana, quien hace poco más de un año fue asesinada por intentar ejercer sus derechos políticos. Juana Quispe Apaza, a sus 43 años, concejala de Ancoraimes (provincia Omasuyos) murió estrangulada y su cuerpo fue arrojado desde un barranco de unos 15 metros de altura, con la seguridad de que sería arrastrado por el agua del río. En vida, Juana Quispe Apaza interpuso dos recursos de amparo contra todos los concejales y el Alcalde de Ancoraimes, denunciando abusos físicos y verbales, además de que no se le permitía el ingreso a las reuniones del órgano deliberante. Su muerte, aún impune, es el símbolo del acoso político al que están expuestas todas las mujeres que se atreven a desafiar el poder patriarcal.
En un periodo de nueve años, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol) ha recibido 249 testimonios sobre violencia política. Su análisis muestra que los principales actos contra las mujeres son: presión para que renuncien a su cargo y a la política; actos de violencia sexual, física y psicológica; impedimento en el ejercicio de sus funciones; congelamiento ilegal de su salario y difamación o calumnia. El 28 de mayo de 2012 se promulgó la Ley Nº 243 “Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres”; sin embargo, no conocemos aún ni un solo caso en que se la haya aplicado para ejercer justicia.
Por todo esto, y en celebración a la vida de las dos Juanas Quispe de nuestra historia, tenemos que estar vigilantes al ejercicio del poder en la nueva Asamblea Legislativa. Tal vez este espacio nos sorprenda y recupere su función de discusión de ideas en un diálogo plural, de la mano de las mujeres recientemente elegidas con tan amplia mayoría.
