Un proyecto de ley en la ciudad de La Paz despertó una fuerte reacción en contra de parte de artistas, cultores, gestores culturales, productores e intérpretes en el último mes. Se trata del proyecto de Ley Municipal 100 de Protección al Derecho de Ejecución de Obras Musicales que amplía las facultades coercitivas de la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom) para cobrar y administrar el dinero por derechos de autor de ejecuciones públicas o emisiones de obras musicales.
Esta acción apuntaría a que los artistas reciban algunos ingresos cada vez que sus obras sean ejecutadas públicamente en discotecas, karaokes, restaurantes, cines, teatros, entradas folklóricas, fiestas de barrios, festejos patronales, festivales, ferias, entre otros.
Hasta aquí todo parece sonar bien, pero como todo lo importante en la vida, el tema es más complejo. Varios artistas no están de acuerdo con esta normativa, porque prefieren que sus obras sean libremente difundidas, que la sociedad las disfrute sin tener que pagar por ello y que otros artistas las usen para crear e innovar, para construir encima de ellas. Esto es lo que se conoce como cultura libre.
Lo que pasa es que esos artistas tienen una forma diferente de pensar en la creación y difusión del arte. Creen que el mismo acto de creación es colectivo, no individual y que ser un artista implica una función social que debe estar al alcance de todos. Las formas para ganar dinero son otras, por ejemplo, dan conciertos o talleres, en la lógica de que mientras más gente escuche sus canciones, tendrán más público que vaya a sus conciertos o deseosos de aprender de ellos. Es un nuevo modelo que devuelve a los autores la decisión de abrir sus creaciones en la medida en que deseen. Y aún más, es una posición ética frente a la difusión de las creaciones que antepone el bien común a los intereses privados.
Una crítica principal al modelo de derechos de autor es que promueve la concentración de las ganancias por las creaciones musicales en manos de las grandes disqueras y otros intermediarios que difunden las obras y se quedan con las ganancias. Lo mismo sucede con otras actividades humanas de creación: la ciencia, la autoría de libros, las películas, el software y la tecnología. En todas ellas, muchos autores deciden autónomamente liberar sus creaciones y, de esa manera, promover la innovación y la creación social.
Son dos formas de concebir los aportes que cada ser humano hace a la sociedad, ambas legítimas, pero ninguna debería ser impuesta encima de la otra como pretenden hacer con el proyecto de Ley Municipal 100. Solo para aclarar mi posición: yo apoyo la opción de la cultura libre.
