En el país son muy pocos los que cuentan con un buen seguro de salud. Esta situación obliga a la mayoría de los ciudadanos a cubrir no solo el costo de la atención médica, sino también de las medicinas en caso de sufrir algún accidente o una enfermedad. De allí la importancia de que el
Estado busque y adopte políticas que contribuyan a reducir el precio de los medicamentos.
Enmarcados en esta lógica, el Ministerio de Salud acaba de promulgar una resolución que le permite regular los precios máximos de al menos 600 fármacos esenciales que se comercializan en el país. Por otra parte, cabe recordar que la Asamblea Legislativa actualmente está trabajando un proyecto de ley que, entre otros propósitos, de igual manera plantea fijar los precios máximos de los fármacos, a través de una entidad reguladora, con base en los costos reales de la materia prima y el producto terminado.
Ahora bien, propios y extraños coinciden en la importancia de garantizar a la población el acceso a los principales fármacos, más aun tomando en cuenta que la capacidad de adquirir o no un medicamento puede ser cuestión de vida o muerte. No obstante, la determinación de imponer un tope al precio de los remedios podría no ser la mejor manera de garantizar este derecho.
Y es que si la autoridad competente obliga a las industrias farmacéuticas a bajar los precios de sus productos más allá del nivel que les permite cubrir sus costos y obtener una rentabilidad que justifique su inversión, los fabricantes locales dejarán de producirlos; y lo propio puede ocurrir con las empresas que importan medicinas. Resultado de ello tendría lugar un fenómeno anunciado por los manuales de economía y corroborado por la experiencia: escasez de medicamentos. De esta manera, la intención de ayudar a los ciudadanos terminaría perjudicándolos.
Afortunadamente sí existen medidas que pueden contribuir a bajar los precios de los fármacos sin generar desabastecimiento. Por ejemplo, la reducción de los costos legales en los que incurren quienes forman parte de la cadena de comercialización. Ahorros en esta cadena podrían trasladarse a los consumidores, y a la vez promoverían el ingreso de más competencia. En tal sentido, deberían eliminarse las barreras burocráticas que existen para la importación de medicinas y prescindir de cualquier certificación innecesaria que restrinja el ingreso de nuevos competidores que traigan productos a precios más baratos. Por otra parte, sería beneficioso reducir los sobrecostos tributarios que encarecen las operaciones empresariales en el país.
Por último, en caso de que se identifique la concertación de precios entre los vendedores que restrinja la competencia (por ejemplo, el supuesto monopolio de las cadenas de farmacias denunciado por los gestores de la mencionada ley), habría que sancionar a los responsables, tal y como establece el Art. 314 de la CPE.
