Necesitamos saber, por favor, cuál fue el motivo del viaje de la ministra (…) a la Chin”, fue mi pregunta el viernes pasado como periodista a uno de los responsables de comunicación de un ministerio del país. La respuesta: “No sé, pero se lo puedo averiguar en gabinete”. “Entonces lo llamo enseguida”, le dije. Al otro lado del teléfono me respondieron: “Está bien, pero ¿puede ser para el lunes?”. ¡Plop! Casos inexplicables, hasta infantiles y absurdos como éste hay muchos que los periodistas vivimos cada día en busca de la información.
Es frecuente asistir a oficinas de Comunicación y Relaciones Públicas en las que el acceso a la información es casi nulo. En algunas nos dicen que no saben nada, en otras, solo puede hablar el ministro o el director; y más allá, mande su cuestionario, que en muchos casos tarda más de un mes en ser resuelto. Recuerdo un caso anecdótico en el que enviamos un cuestionario al responsable de prensa de una institución minera para que a través suyo (como lo exigen) le lleguen nuestras dudas al gerente. Durante más de un mes dijeron que el cuestionario ya había sido enviado, pero hasta el momento no entregan las respuestas. Tal fue la irresponsabilidad de este señor, que preferí llamar directamente al señor gerente para preguntarle sobre sus respuestas. “Pero si hace un mes que se las entregué al comunicador de la institución”, me dijo. Le reclamé al “periodista-abogado” y éste me contestó: “Mentira, si no me ha enviado nada”. ¿Quién miente? ¿Qué esconden? Hasta el día de hoy no llegó la información solicitada por este periódico.
La irresponsabilidad también es frecuente en otra institución relacionada con bancos y entidades financieras, en la que se supone que la “información es transparente”. “Claro, cómo no, te la mandamos, pero hasta el final de la tarde o tal vez hasta mañana temprano…”. Al final nunca llega. “Muchas gracias por todo, como siempre un excelente servicio”, fue mi respuesta con ironía cansado de esperar, porque no es la primera vez que sucede esto.
Pese a que la Constitución Política del Estado (CPE) y el Decreto Supremo 28168 garantizan el acceso a la información, en la práctica este derecho no se cumple. Se me ocurren tres razones para que esto no suceda. Primero, muchos de los que trabajan en oficinas de comunicación nunca han hecho periodismo, por lo tanto, no conocen las necesidades de un periodista. Segundo, las autoridades que no quieren declarar temen “meter la pata”, porque no dominan ni conocen su trabajo. Tercero, están prohibidos de declarar, ya que solo puede hacerlo la máxima autoridad ejecutiva (MAE). Entretanto, el perjudicado no solo es el periodista, sino la población, porque se le niega el derecho a informarse.
