Las inusuales marchas y expresiones de protesta que han venido alterando la cotidianidad mexicana han tendido a ser desvirtuadas por un ambiente enrarecido, en el cual suceden cosas inexplicables que dan valía a teorías conspirativas y no a certezas necesarias, como la presencia de policías en la Universidad Nacional Autónoma de México el 15 de noviembre, que derivó en una balacera y un estudiante herido. Ello añadido a la reaparición de un grupo de personas encapuchadas que tiene por costumbre formar parte de las masivas movilizaciones, incitando a las acciones desbordantes. Éstos, que los medios de comunicación y el Gobierno identifican como “anarquistas” y de los cuales los propios movilizados se han desentendido por considerarlos grupos de seguridad del Estado infiltrados, han protagonizado acciones que han permitido la criminalización de la protesta, en lo cual el Gobierno encuentra argumentos para advertir, amenazar y perseguir antes que dar respuestas a los indignados o plantear acciones ante la corrupción del Estado, la vandalización partidaria y la decadencia política.
Después de que ese grupo de encapuchados intentara incendiar las puertas de Palacio Nacional, al finalizar la tercera jornada de acción global por Ayotzinapa, en un intimidante anuncio reproducido por todos los medios de comunicación el Presidente advirtió que ante esos hechos el Estado estaba legítimamente facultado para usar la fuerza pública, sentenciando que “si lo que buscamos es encontrar solución, si lo que demandamos es justicia (por lo ocurrido con los normalistas) y que los responsables de estos hechos paguen por sus crímenes, no puede ser por medio de actos de violencia o de vandalismo”.
Frente a ese rostro autoritario del priismo reaparecieron las acciones de aquel grupo de encapuchados en la cuarta jornada de acción global, del 20 de noviembre, los cuales se enfrentaron a las fuerzas de seguridad del Estado en pleno Zócalo de la capital. Pero los medios transmitieron en vivo esta confrontación omitiendo el sentido de la movilización que había contado incluso con la emotiva presencia de los padres de los estudiantes desaparecidos. En su lugar el grupo de “anarquistas” ocupó el primer plano enfrentándose a una Policía que fue convertida en la heroína que hacía falta.
Al final fueron detenidas 11 personas acusadas de terrorismo, delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín. Y esta acción de Estado fue aplaudida por sus autoridades, como el Secretario de la Marina, quien en el 193 aniversario de la Armada de México condenó los “actos mezquinos de quienes, enmascarados, en grupos minoritarios y el rostro encubierto, laceran nuestra nación reprobando las acciones de quienes lejos de manifestar su legítimo derecho a expresarse solo generan violencia y destrucción”; le secundó el Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien manifestó: “Felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”.
A partir de ello el Gobierno ha prometido reformar la Justicia, dándole carpetazo al tema de los estudiantes desaparecidos sin haber encontrado resistencia hasta hoy, debido a que los movilizados no han podido superar su fase de acción colectiva, aunque a ello habría que agregar la ausencia de una tradición rebelde y la socialización política del mexicano a partir de dispositivos disciplinantes que causan su inacción, como aquél que reza que “sobre advertencia no hay engaño”. En todo caso, la expectativa continúa…
