Cinco de los siete policías acusados de ultrajar a una muchacha con discapacidad mental en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales de Cochabamba fueron dados de baja de manera definitiva. Los otros dos serán suspendidos por un año sin goce de haberes y pérdida de antigüedad. Esta determinación, asumida por el Tribunal Disciplinario de la Policía, da por probada la presunta violación. Es de esperar que ahora los exuniformados reciban una sentencia cuanto antes de parte de la Justicia Ordinaria por este terrible delito, tanto más aberrante por cuanto fue cometido por quienes reciben un salario y son formados para, se supone, cuidar y salvaguardar los derechos de la población.
Además de sancionar a los responsables, sería deseable una investigación más profunda que explique cómo fue posible que un hecho de esta naturaleza haya ocurrido en un cuartel policial, y que haya sido necesaria la intervención de una organización civil, la Oficina Jurídica de la Mujer, para conocer el paradero de la muchacha, quien había sido internada en un hospital psiquiátrico por el Servicio Departamental de Gestión Social de la Gobernación pocos días antes de que los acusados fuesen liberados por la jueza Jannet Charo, precisamente con el argumento de que la presunta víctima había desaparecido.
