Si concurriesen esfuerzos institucionales y voluntades políticas, 2015 podría ser un año precioso en el país para ese horizonte, todavía esquivo/difuso, llamado democracia intercultural. Y es que en los próximos meses, de manera convergente, está previsto el ejercicio de las tres formas de democracia reconocidas en la Constitución Política. También podría ocurrir, claro, que el saldo final sea haber dilapidado una enorme oportunidad. Quiero apostar por aquello, aunque temo esto.
Vea usted, (e)lector(a). Estamos en pleno proceso, mediante la democracia representativa, para la elección de autoridades y representantes departamentales, regionales y municipales. Asimismo, se prevé la designación directa de asambleístas departamentales indígenas con arreglo a la democracia comunitaria. Y están en agenda varios referendos para la aprobación de estatutos y cartas orgánicas en el ámbito de la democracia participativa, amén de la anunciada consulta sobre el Órgano (per)Judicial.
Claro que una cosa es la convergencia de eventos democráticos (paralelos) y otra distinta su complementariedad (con igual jerarquía). Con otras palabras: no es lo mismo concentrarse en la sola exaltación del voto bajo el filtro de las organizaciones políticas —relegando lo demás de manera subordinada—, que avanzar en el ejercicio articulado de la representación política, la participación ciudadana, la deliberación pública y el autogobierno indígena. Sin esto último, no hay democracia intercultural.
En ese camino, el principal escollo, habiendo varios, es institucional. A seis años de vigencia de la Constitución y más de cuatro años de existencia, al menos nominal, del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la evidencia muestra que éste no es todavía Órgano ni, menos, Plurinacional. Pareciera que la actual institucionalidad en el país sigue siendo la extinta Corte Nacional Electoral (CNE), esto es, la entidad creada y especializada por el sistema político para administrar elecciones.
¿Cuáles son las consecuencias de este estancamiento —cuando no franco retroceso— institucional? O mejor: ¿por qué es tan deleznable que el “OEP”, por voluntad-vocación de sus principales autoridades, siga siendo CNE? El asunto más preocupante radica en el rezago/distancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto al horizonte normativo de la democracia intercultural. Es como si al TSE, por inercia, solo le interesara concentrarse en (mal) organizar comicios. Nada más.
Ello provoca una suerte de cortocircuito institucional: el OEP fue creado con el propósito expreso de impulsar el ejercicio de la democracia intercultural, pero está en-otra-cosa. Claro que es necesario e importante administrar elecciones, pero convendremos en que el desafío mayor hoy consiste en gestionar la democracia participativa y, en especial, acompañar las democracias comunitarias (en plural). De lo contrario, con solo sufragio, se niega la proclamada pero resistida demodiversidad.
Estamos entonces ante un escollo básico: el Órgano del poder público que por mandato normativo, como razón de su existencia, debiera alentar la democracia intercultural en el país, no lo está haciendo. El saldo es lamentable: se corona la democracia liberal-representativa, se bloquea la democracia participativa, se invisibiliza/menosprecia la democracia comunitaria. Así no hay horizonte democrático posible en el trazado largo de un Estado plurinacional con autonomías.
Cierto que hubo valiosos esfuerzos realizados en solitario por el hoy abatido Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), pero como institución, el OEP pareciera que aún no entiende, ni le interesa hacerlo, que es eso de “democracia intercultural”. Lo serio, señoras y señores, es empadronar, hacer comicios y contar votos. Todo lo demás es “filosofía” (sic).
Está visto. 2015 podría (no) ser el año de la democracia intercultural en Bolivia.
