Cuando hace poco más de una semana se hizo público el ingreso a Bolivia del empresario peruano Martín Belaúnde Lossio, quien presentó solicitud de refugio político en el país, el Gobierno se apresuró en señalar que de ser evidentes las acusaciones de corrupción en su contra, rechazarían su solicitud, sin embargo, ha quedado claro que no es un trámite sencillo.
En efecto, hasta donde se sabe, en mayo de 2014, un tribunal peruano ordenó la detención preventiva por 18 meses de Belaúnde Lossio, acusado por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y delitos contra la administración pública, cuando pudo beneficiarse de contratos rubricados con el Estado. Tiene en su contra una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.
Por esos antecedentes, tanto el Canciller como el Procurador General del Estado, y luego el Vicepresidente y el Presidente, se pronunciaron anunciando que en virtud de los acuerdos multilaterales y de las normas del derecho internacional, comenzando por las convenciones de Ginebra respecto del asilo y refugio político, el país no accedería a la solicitud del también exasesor del Mandatario peruano de ser ciertas las acusaciones en su contra.
Autoridades peruanas anunciaron que llegarían a Bolivia para demostrar que el empresario no debe recibir refugio por la naturaleza de las acusaciones en su contra. Sin embargo, en conferencia de prensa, el interesado se declaró inocente y afirmó que teme por su “seguridad, no solo jurídica, en el Perú, por lo que estoy en Bolivia pretendiendo demostrar que no cuento con garantías suficientes para ser debidamente juzgado en mi país”. Agregó que tiene confianza en la Justicia boliviana.
El caso es idéntico al de varios bolivianos que obtuvieron refugio político en Perú y Brasil, afirmando que eran víctimas de una persecución política y que no tenían garantías de ser juzgados en el marco del debido proceso. Son estos antecedentes los que inspiraron, en el marco de la Celac, acuerdos para evitar el refugio político de personas acusadas de corrupción en su país de origen.
No obstante, tanto el Canciller como el Vicepresidente ya anunciaron que el Estado boliviano respetará los procedimientos establecidos para el trámite de las solicitudes de refugio, que incluyen un plazo de hasta 120 días para que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) se pronuncie, tiempo en el cual el solicitante puede permanecer en el país sin ninguna restricción.
Se trata, pues, de una visita incómoda para el Gobierno boliviano, pues tiene el potencial de afectar las ya ríspidas relaciones diplomáticas con el país vecino. Es deseable que todas las instancias implicadas actúen con la mayor corrección posible, evitando tanto que se cometa una injusticia como que haya impunidad.
