En 2014, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sepultó 103 cadáveres que no fueron reclamados por sus familiares. Pese a que las normas de salubridad establecen que los restos humanos sin reclamar no pueden permanecer en los depósitos de la morgue judicial más de un mes, los cadáveres fueron enterrados entre tres y cuatro meses después de haber sido encontrados. Esto porque, según los responsables del IDIF, no cuentan con la logística ni los recursos necesarios para hacer este tipo de operaciones mensualmente; por lo tanto, deben esperar a que los cuerpos se acumulen en el suelo de uno de los tres ambientes con los que cuenta esta institución antes de proceder a enterrarlos.
Habida cuenta que la infraestructura de la morgue judicial es, por decir lo menos, bastante precaria (no cuenta ni siquiera con cámaras frigoríficas ni sistema de refrigeración), el hecho de tener que acumular restos humanos durante más de tres meses para recién poderlos enterrar bien puede ser calificado como un atentado sanitario, que pone en riesgo la salud no solamente de los trabajadores de la morgue judicial y de quienes se encargan de manipular los cuerpos, sino también de los pacientes y el personal de salud que trabaja cerca de ese lugar, ubicado dentro del Hospital de Clínicas de La Paz.
