La corrupción ha sido y es una de las causas que mayor daño le ha hecho al desarrollo de los países sudamericanos. Sus tentáculos han generado una crisis institucional sin precedentes. Con lamentable frecuencia descubrimos a ciertos políticos envueltos en oscuras artimañas que ponen en duda la confianza que depositamos con nuestro voto.
En ese sentido, la reciente confirmación de la presencia de Martín Belaúnde Lossio en Santa Cruz remeció la esfera política de ambos países. El acusado no ha podido demostrar hasta ahora que es un perseguido político. La justicia peruana lo busca por supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado y contra la administración pública. Sin ir muy lejos, el domingo anterior miles de peruanos vimos en un canal de televisión de señal abierta los mensajes que supuestamente Belaúnde Lossio intercambiaba para adjudicarse millonarias obras con el Estado y beneficiar así a las empresas que él representaba.
No hay que olvidar que se le acusa por sus nexos con una red criminal, encabezada por el expresidente regional César Álvarez, y en la que estuvieron involucrados sicarios, jueces, fiscales y periodistas. Asimismo Belaúnde Lossio financió la campaña política de Ollanta Humala Tasso y pagó $us 30.000 a Nadine Heredia por una consultoría a su empresa Soluciones Capilares, mientras que su padre pagó a la hoy primera dama de Perú $us 51.000 por un estudio sobre la palma aceitera.
A esto se suma la renuncia de Christian Salas y la salida de Yeny Vilcatoma, miembros de la Procuraduría anticorrupción peruana que investigaban el caso. Vilcatoma denunció injerencias del titular de justicia y del asesor presidencial en temas jurídicos para conocer la situación de Belaúnde Lossio.
Llama la atención que no haya sido Daniel Urresti, ministro peruano responsable de su búsqueda, sino el suspendido fiscal de la nación peruana Carlos Ramos Heredia, quien advirtiera, a fines del año pasado, sobre la presencia de Belaúnde Lossio en tierras altiplánicas.
A todos los peruanos nos indigna que haya tanta complacencia con una persona que debería ponerse a disposición de la justicia y dejar que se le investigue por los hechos que se le acusa. Si él afirma inocencia, debe demostrarla en Perú y no amparándose en un refugio político que no tiene razón de ser y que lo único que haría sería prolongar la impunidad de un personaje que debe responder ante la ley.
Es una oportunidad de lujo para que el Gobierno boliviano se deslinde de la protección de este personaje. Por eso, esperamos que se le niegue la calidad de refugio político, porque se trata de una persona que es buscada y acusada de delitos de corrupción. Lo más sensato es que se expulse a este personaje de Bolivia para que responda ante la ley peruana. De lo contrario, se abriría un vergonzoso antecedente de impunidad, lo que ensombrecería las relaciones diplomáticas de ambos países.
